Un año de las casas "sin papeles"

Villanueva de la Concepción es el pueblo 101 de la provincia de Málaga. Fue uno de los últimos en constituirse. El 17 de marzo de 2009, el Consejo de Gobierno de la Junta acordó la creación de este nuevo municipio, que llevaba años reclamando independizarse de Antequera, localidad de la que, hasta entonces, dependía administrativamente. En apenas ocho años de recorrido como pueblo, Villanueva ha logrado un récord: tener dos alcaldes y que los dos estén investigados. 

La historia tiene su gracia, si es que estas cosas pueden tener gracia. En el año 2015, el segundo alcalde del municipio, Gonzalo Sánchez, presentó una denuncia contra su antecesor, el primer edil que tuvo el bastón de mando, Ernesto Silva. Le acusaba de falta de diligencia a la hora de resolver los expedientes por presuntas irregularidades urbanísticas cometidas en el municipio. En la mayoría de los casos, edificaciones en suelo no urbanizable. La Guardia Civil investigó los hechos y pasó su informe al juzgado con una curiosa petición: imputar al denunciante. Villanueva lograba añadir a su anterior récord histórico -dos alcaldes investigados de dos posibles-, un segundo hecho excepcional: contar con un alcalde que puso una denuncia por la que está siendo investigado él mismo. 

Según las sospechas de la Guardia Civil, tanto Silva como Sánchez, a pesar de sus diferencias ideológicas -el primero alcanzó la alcaldía por una lista independiente, el segundo por el PSOE- tenían un programa de Gobierno calcado en materia urbanística: guardar en un cajón los expedientes sancionadores y de reposición de la legalidad. Sostiene el instituto armado, que desde 2010 ni impusieron sanciones ni establecieron medidas para reponer la legalidad ni hicieron nada contra las construcciones ilegales. Ahora se enfrentan, los dos, a un juicio por un posible delito de prevaricación, donde hay investigados también otras 33 personas más, la mayoría promotores o constructores que levantaron inmuebles en terrenos no urbanizables. 

Reconozco tener cierta predilección por estas historias, a pesar de que algunos de ustedes pueden decir que con la que nos está cayendo encima le estoy dando excesiva importancia a una investigación que ni tan siquiera está concluida y que ha sucedido en un pueblo de poco más de 3.000 habitantes. Lo ocurrido en Villanueva de la Concepción no es excepcional. Y ha sido consecuencia de una legislación urbanística que, primero fue permisiva, luego contradictoria y finalmente de muy difícil aplicación, pero que ha permitido ponerle puertas -y ventanas y piscinas y dos plantas- al campo. Y ahora no hay manera de quitarlas.

Ha ocurrido en muchos pueblos andaluces y aún está por resolver qué hacer con tantos edificios irregulares en mitad de los paisajes. No hay casi nada sobre lo que se hayan hecho más leyes para restablecer la legalidad vigente y por lo que se hayan tirado menos casas irregulares. Hace tiempo que perdí la cuenta, pero años atrás alguien hizo números y descubrió que hasta treinta y dos alcaldes y ex alcaldes de 29 municipios de la provincia de Málaga llegaron a estar involucrados en procedimientos judiciales por delitos contra la ordenación del territorio o fueron condenados por permitir que se edificaran en sus municipios viviendas en suelos rústicos o no urbanizables. Entre ellos, regidores de localidades tan importantes como Marbella, Benalmádena o Estepona. No sólo en el interior se cuecen habas. Los había de todos los colores políticos, ya que a la hora de dar licencias en pleno campo intervenía poco la ideología de cada uno. 

Que se deje de hablar de un problema no quiere decir que se haya resuelto. El otro día acudí de visita a una zona del interior de la Axarquía, en la provincia de Málaga, y descubrí el mismo paisaje anterior a las medidas implantadas por la Junta de Andalucía para regularizar la situación: viviendas en mitad de la ladera, casas en las proximidades del cauce de un río y urbanizaciones a medio terminar en mitad del campo, abandonadas y desvalijadas. Las mismas de antes y en los mismos sitios. Allí seguían estando. Era difícil imaginar que cuando en el Parlamento andaluz se hablaba de la regularización y la adopción de medidas para devolver la legalidad urbanística a la zona, el resultado final iba a ser éste. 

La cámara andaluza aprobó, justo va a hacer de ello un año el mes que viene, una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que abría la puerta para la regularización de unas 25.000 viviendas ilegales levantadas en la comunidad, un 8% del total de las existentes, que ascienden a unas 300.000. La nueva normativa establecía que solo podrían legalizarse edificaciones residenciales aisladas situadas en suelo no urbanizable con una serie de requisitos añadidos. Tener al menos seis años de antigüedad, no estar situadas en zonas inundables o declaradas por la Junta de especial protección, y que no estuviera afectadas por expedientes administrativos de demolición. 

No estaría de más que, cumplido un año del acuerdo parlamentario, la Administración autonómica ofreciera explicaciones sobre qué ha ocurrido con las 25.000 viviendas que se podían regularizar y, sobre todo, qué se ha hecho con las aproximadamente 275.000 que se quedaban fuera de la legalidad.

Publicado en Málaga Hoy. Ilustración de Daniel Rosell.