Concursos de paripé

Ha ocurrido en Marbella, pero pasa en más ayuntamientos e instituciones públicas. El de los cargos de confianza es uno de los pocos nichos del mercado laboral donde la crisis económica ha tenido un menor impacto y las reformas, lejos de encadenar despidos, han abierto otras posibilidades de empleo tan bien remuneradas como las que existían antes de la tiesura de las arcas públicas. Les cuento una fórmula legal para convertir una patraña en un concurso de méritos. 

El Ayuntamiento marbellí, que ha cambiado de gestores merced a una moción de censura, decidió sacar a concurso 13 plazas de nuevos directores generales, en un intento de reorganizador el organigrama municipal con la entrada de la nueva regidora y sus socios de Gobierno. A la convocatoria se presentaron 200 solicitudes, que tras una primera valoración del órgano asesor que debía realizar la selección dejó en 85. A todos los aspirantes se les realizó una entrevista personal al objeto de analizar sus méritos y capacidades. Esta segunda criba dejó 32 candidatos para los puestos ofertados. 

Hace unos días, el Consistorio marbellí dio a conocer los seleccionados: de las 13 plazas anunciadas 11 se han cubierto y dos han quedado pendientes. El equipo de gobierno de Marbella, integrado por el Partido Popular y la Opción Sampedreña (OSP), ha estado a punto de alcanzar el pleno en la oferta de empleo: de los 11 elegidos, ocho son personas vinculadas al PP y dos a OSP. Para tratarse de un concurso de méritos, se podría decir que el mayor mérito no es el que han demostrado los seleccionados para hacerse con el puesto, sino más bien el de los seleccionadores para elegirlos: hay que tener mucho tino para lograr que, de los 200 aspirantes, hayan sido elegidos, en su mayoría, los asesores que ya tenían contratados los dos partidos del gobierno conjunto. 

Como les contaba, este concurso de Marbella no es un hecho aislado, sino algo que está ocurriendo con demasiada normalidad en muchos ayuntamientos. En mitad de la crisis, entre las medidas que puso en marcha el Gobierno central para mantener un mayor control del gasto de los organismos públicos, se introdujo una reforma en la Ley de Bases de Régimen Local por la que los ayuntamientos debían regular las contrataciones públicas, al objeto de reducir los nombramientos de cargos de confianza e introducir mecanismos que premiaran el mérito y la capacidad. Lo que pretendía ser un procedimiento para evitar más casos de enchufismo se ha convertido en un absoluto paripé, desde la hipocresía del legislador y desde la peculiar aplicación del Derecho que hacen los responsables políticos de turno. 

Los directores generales son puestos de confianza que disponen de capacidad ejecutiva, por lo que resulta lógico que sean nombrados por el Gobierno de turno. Lo que no tiene sentido es querer enmascarar estas designaciones a dedo con un concurso de méritos cuyo resultado se conoce antes de empezar el procedimiento. En la práctica supone además una auténtica tomadura de pelo para un montón de personas que se presentan sin posibilidad alguna de ser elegidas y que sirven para dar apariencia de igualdad de oportunidades a lo que no es más que un nombramiento a dedo, ya que la propia normativa establece en el procedimiento la discrecionalidad en la designación final. 

Hace unos meses, la Diputación Provincial de Málaga decidió abrir varias bolsas de trabajo para poder ser contratado en la institución, con una oferta que superaba los 600 empleos. La convocatoria provocó un aluvión de solicitudes, hasta alcanzar las casi 10.000. Ciudadanos, que es socio de investidura del PP en este organismo, puso el grito en el cielo al conocer las bases: para los funcionarios la experiencia podía representar hasta el 30% de la puntuación final, mientras que esa misma experiencia en una empresa privada no contaba para nada. Ciudadanos lo tuvo claro desde el inicio. Se trataba de una convocatoria para que se quedaran en el organismo los que ya están trabajando en él. En concreto, para regularizar la situación laboral de personas que accedieron a un puesto sin oposición o sin concurso de méritos alguno y que llevan, en algunos casos, años trabajando en la institución y no podían seguir siendo contratados con la nueva ley. 

Ni un sindicato protestó. Ni partido alguno, ni del Gobierno ni de la oposición, se sumó a las críticas de Ciudadanos. La realidad final: que la bolsa de trabajo se abrió para incluir a los que ya están trabajando, dejando sin apenas posibilidades de acceder a un empleo en la institución a las cerca de diez mil personas que creyeron en la convocatoria pública. Otro concurso paripé para solucionar algo que podrían haber solucionado sin crear falsas expectativas a un montón de aspirantes. O para tomarles el pelo, que es otra manera más clara de decirlo. 

Por cierto, de vueltas con Marbella. El concurso en el que han sido recolocados la mayoría de los asesores de confianza del equipo de gobierno del PP y OSP, ha sido impugnado por el PSOE. Curiosamente este partido, cuando les precedió en la Alcaldía, hizo otro concurso prácticamente idéntico para configurar su organigrama. O sea, para colocar a los suyos. Claro, que también en ese caso lo impugnó el PP, que ahora hace lo que en su día le censuró a los socialistas. Lo que demuestra que la legalidad siempre depende del lugar del Pleno en el que le pille a cada partido en cada momento. 

Lo olvidaba. Pasar de asesor a director general -ni que decir tiene- conlleva un aumento de sueldo. Y no es pequeño. Pero eso seguro que ya lo suponían. 

Publicado en Málaga Hoy. Con ilustración de Daniel Rosell.