Subirse el sueldo tiene muy mala prensa

A los políticos les da mucho apuro subirse el sueldo. Cualquiera diría que lo hacen porque no tienen más remedio. Si fuese por ellos, no se lo subirían nunca. O eso parece que nos quieren hacer creer. En Málaga, el mandato se ha iniciado con un acuerdo para incrementar los salarios del alcalde y los concejales en un 20% y lo han hecho sin que, al parecer, nadie lo pidiera. Así al menos se desprende de las declaraciones de cada uno de ellos. El PP decía que lo había reclamado el PSOE, pero el PSOE lo negó y aseguró que había sido a iniciativa del equipo de gobierno del PP y Ciudadanos. La realidad final es que sin alcanzar un acuerdo sobre quién lo reclamaba, han logrado cuórum suficiente en cuanto a quiénes van a disfrutar del aumento: todos.

Se ve que hemos salido ya de la crisis, aunque unos antes que otros. Tras las elecciones del año 2015, tres de las seis grandes ciudades de España decidieron rebajar el sueldo de sus alcaldes. Lo hicieron Barcelona, Valencia y Zaragoza, con un recorte del 25% de media. Cuatro años después, toca lo contrario. En Andalucía, Málaga aprobó este pasado jueves un incremento salarial y el viernes hicieron lo propio en Sevilla. Su alcalde, Juan Espadas, se lo ha incrementado a él mismo y a los miembros de su equipo de gobierno en un 33%, que es una cifra casi redonda. Para la oposición, el incremento es de traca: un 43% más, para que nadie les gane a rumbosos. En Sevilla cobran ya como si vivieran en Valencia, que es la ciudad a la que han querido parecerse. De cara a la opinión pública, nunca es un buen momento para subirse el sueldo por muy justificada que esté la medida. Que sea una de las primeras iniciativas que toma un ayuntamiento y con esos porcentajes de subida resulta de una torpeza mayúscula.

Puede ser hasta verdad que los cargos públicos están mal pagados. Y que el debate sobre este asunto sea muy injusto en ocasiones, ya que la geografía española está llena de alcaldes y concejales que no cobran ni un euro por dedicarle parte de su tiempo a mejorar la vida de sus conciudadanos. Dicho esto, no es la primera vez que escribo que hay diferencias entre una persona que accede a un cargo dejando su trabajo para ocupar unos años un puesto en la causa pública, que agarrarse a la causa pública para tener un puesto de trabajo. De ahí que el debate sobre si los sueldos son o no competitivos para atraer a personas cualificadas tiene tantos matices. No es lo mismo fichar a un economista de prestigio para gestionar una sociedad pública que colocar a compañero de partido porque no salió elegido y hay que buscarle un acomodo.

En 2014, una reforma estableció topes salariales para los munícipes en función del número de habitantes

En contra de lo que ocurre en cualquier otra profesión, el de cargo público es el único trabajo del mundo donde ellos mismos se fijan el dinero que cobran. Y el asunto llega al sinsentido en las comunidades autónomas, donde cada una de ellas establece a su criterio los salarios de presidente y diputados, dándose la paradoja de que hay responsables de regiones con salarios mayores que el que tiene asignado el presidente del Gobierno de España. En los ayuntamientos existe un baremo que fija por población una horquilla con los emolumentos, aunque luego cada consistorio hace lo que estima más conveniente dentro de esos límites. El problema es que la horquilla permite a un primer edil de una ciudad grande ponerse un sueldo por encima, también, del que tiene el presidente del Gobierno.

En Málaga se han subido el sueldo en un 20%, pero dicen que perciben ingresos por debajo de la media de otras ciudades con una población más o menos similar. En Sevilla, han decidido equipararse con Valencia ¿Similar a qué e equipararse cómo?, habría que preguntarse. ¿Al número de vecinos; al presupuesto del consistorio; al nivel de vida de los habitantes de esa ciudad; a la renta media de los ciudadanos, al número de parados que aparecen en las estadísticas; al nivel de endeudamiento del ayuntamiento…? ¿No deberían ser estos parámetros también determinantes, o sólo es determinante la población? En el año 2014, una reforma de la legislación estableció topes salariales para los munícipes en función del número de habitantes de su población. Hasta entonces, los ayuntamientos podían establecer el sueldo de sus ediles sin limitación alguna. Algunos partidos políticos se opusieron a que el criterio de población fuese el único a tener en cuenta, y pidieron incluir la capacidad presupuestaria del consistorio o el número de personas liberadas.

Más que el sueldo que tienen los representantes públicos, a veces lo realmente sustancial es todo lo que rodea al ejercicio del poder y lo que cuesta. En España, al contrario de lo que ocurre en muchas ciudades europeas donde estas prácticas están muy limitadas, el partido que controla un gobierno local puede nombrar multitud de altos cargos y asesores, y, a la vez, tejer una red de agencias y fundaciones con plena discreción en política de personal. En Málaga la polémica se ha centrado en los sueldos de los miembros de la corporación, mientras pasaba desapercibido el acuerdo alcanzado en cuanto a cargos de confianza –todos, hasta 34, para el equipo de gobierno– y técnicos de grupo –tres para cada uno de ellos– con independencia del número de concejales obtenido por cada fuerza política. En la capital malagueña habrá hasta cuatro tipos de eventuales: asesores de alcaldía; asesores para concejalías delegadas; asesores territoriales (distritos) y asesores técnicos para los grupos políticos. O sea, más puestos a dedo que ediles elegidos democráticamente.