La perrera de los horrores

 

Cuando Málaga Hoy destapó que la perrera de Torremolinos era un centro de exterminio de perros y gatos, los grupos municipales del PSOE e IU llevaron al Pleno del Ayuntamiento una iniciativa para pedir explicaciones al equipo de gobierno. Era alcalde del municipio Pedro Fernández Montes (PP) y, lejos de amedrentarse, decidió cargar contra el diario que había publicado la información recriminándole que hubiese "dedicado un gran alarde editorial a modo de linchamiento, profusa y reiterada información, demostrando un interés que jamás ha demostrado por noticias de mucho más calado". Como le debió parecer que se podía llegar todavía más lejos en su crítica, cerró la proclama asegurando que las noticias que se habían publicado sobre la perrera municipal excedían "con mucho el derecho a la información". Fernández Montes en su larga trayectoria como alcalde siempre tuvo un curioso concepto de lo que era noticia o no en su pueblo. Y noticia, en Torremolinos, era toda aquella información que hablara bien de él. 

Las críticas a su gestión ingresaban directamente en la categoría de basura.

La histórica sentencia contra la propietaria y uno de los empleados de Parque Animal de Torremolinos no cierra en su integridad la investigación sobre este centro, del que todavía queda por conocer cómo fue el proceso de adjudicación de este servicio y cómo se financiaba. Y sobre todo, qué responsabilidad tuvo el Ayuntamiento en los hechos. Un Consistorio que otorgó la concesión de la perrera municipal por un procedimiento negociado y sin publicidad al que acudieron tres empresas. Una de ellas no existía y el propietario de la segunda dijo que él no se había presentado al concurso. O sea, que todo fue un apaño para que ganara quien tenía que ganar.

 El que fuera alcalde de Torremolinos siempre defendió que en el caso de la perrera de los horrores la actuación del Consistorio fue "impecable". No hay más que releer las actas del juicio para demostrarlo: los agentes del Seprona, el servicio de la Guardia Civil que destapó el caso, contaron al juez que, durante la investigación, la colaboración del Consistorio fue nula. Ni les facilitó datos ni información alguna de las relaciones de Carmen Marín y el Ayuntamiento. La actuación del Ayuntamiento fue tan modélica en este asunto que hay fotografías que lo testifican. Hay una especialmente reveladora. Son cuatro los protagonistas de ese momento histórico. En ella aparecen el alcalde y dos de sus concejales acompañados por Carmen Marín, la directora del Parque Animal de Torremolinos que ha sido condenada a tres años y nueve meses de prisión por el caso de exterminio masivo de miles de animales en la perrera municipal. El motivo de la instantánea no tiene desperdicio. Se ve a Carmen Marín recibiendo del Consistorio una placa, que ella luce con orgullo, "por su labor con los animales". Y allí está con ella, los dos concejales, Fernández Montes, la mayor de sus sonrisas y ahora la condena. 

Aunque la sentencia no incluye cifras, la Guardia Civil estimó en su día en unas 2.200 las mascotas, en su mayoría perros y gatos, que murieron de forma "lenta y agónica" en las instalaciones entre 2008 y 2010. Durante prácticamente dos años, el Ayuntamiento no sólo nunca descubrió nada irregular sino que le debió parecer que el centro era un lugar idílico que había que premiar con una placa de reconocimiento. La realidad de lo que allí ocurría ha sido confirmada en la sentencia con toda su crudeza: los responsables del centro rebajaban las dosis de medicamente eutanásico que usaban en los sacrificios para "ahorrar costes" y practicaban las muerte de los animales sin control veterinario alguno, sufrimiento que era perceptible debido a los alaridos, aullidos y maullidos; pataleo, convulsiones y contracciones musculares, que tenían las mascotas antes de morirse. Mientras esto ocurría, de la cuenta corriente de este supuesta ONG dedicada a la Protección y defensa de los animales, se sustrajo dinero para pagar viajes al extranjeros, hoteles por media España, gastos en centros comerciales, restaurantes, clases de autoescuela, gimnasios e, incluso, alguna visita a un spa. La condenada llegó a juicio con un patrimonio de 31 pisos y tres locales comerciales. 

En la sentencia, histórica en un caso de maltrato animal en España, el magistrado expone que "sería deseable" la modificación del Código Penal para incorporar la posibilidad de elevar la pena "en uno o dos grados" cuando los hechos revistieran extrema gravedad. Esta reforma -se sostiene en el auto- "permitiría dar una respuesta punitiva más proporcionada a casos como el ahora enjuiciado". La sentencia, además de histórica, podría haber sido modélica, si llega a incluir un buen tirón de orejas para los responsables municipales que no advirtieron primero, negaron reiteradamente y censuraron después, el trabajo policial y las informaciones fidedignas de los medios de comunicación en un caso de maltrato animal que pone los pelos de punta. Claro que, quizás, este tirón de orejas tendría que dárselo a Fernández Montes su propio partido, el PP, apoyando la iniciativa del actual equipo de gobierno de realizar una comisión de investigación para conocer la responsabilidad municipal en lo que terminó ocurriendo en la perrera de los horrores.