La crisis no debe afectar a la memoria

Málaga fue ocupada por las tropas de Franco en febrero de 1937 y hasta el año 1957 se estuvo fusilando en el cementerio de San Rafael. Unos fueron asesinados frente a sus tapias, otros a pie de fosa. Allí los llevaban, les obligaban a cavar, los ponían al borde de los enterramientos y les disparaban a bocajarro. Algunos, cuando caían, eran rematados con un tiro en la cabeza. Sobre cada capa de personas asesinadas vertieron cal viva. Y sobre la cal viva echaron años de silencio, de angustia y de miedo por el temor a las represalias.

Muchos malagueños sabían lo que había ocurrido en San Rafael, pero hubo que esperar bastante tiempo para conocer la realidad sobre la barbarie de la represión franquista en esta provincia. Fue mucho peor de lo que cualquiera pudo imaginar. Ocultaron la desbandá, un auténtico genocidio sobre los ciudadanos que huían de las tropas franquistas por la carretera nacional 340 en dirección a Almería y que fueron masacrados por bombas lanzadas desde aviones y desde barcos. Y ocultaron también el número de víctimas a las que dispararon delante de las tapias del cementerio. Un chorro de cadáveres que se fueron acumulando hacinados en fosas durante más de dos décadas. 

La asociación por la Memoria Histórica llegó a documentar 4.571 víctimas y cuando se realizaron los trabajos de exhumación en San Rafael se extrajeron algo más 2.840 cadáveres. El cementerio pasó a disfrutar de un triste honor: el de acoger la mayor fosa común exhumada en España. Cuando Sebastián Fernández, arqueológico y director de los trabajos de exhumación de estas fosas, presentó la memoria de lo realizado no pudo ocultar su dolor: “En Málaga se produjo un absoluto genocidio tras la Guerra Civil, por lo que es importante que la ciudadanía comprende que aquella barbarie no puede cometerse nunca más”.

Málaga ha sido una de las ciudades españoles pioneras en dignificar la memoria histórica de las víctimas de la represión franquista. Y lo ha hecho con un gobierno del PP en la ciudad, que tiene su importancia. En el año 2014 se levantó un mausoleo en honor a los casi 4.500 fusilados. Una pirámide revestida de mármol blanco sobre cuyas paredes están esculpidos los nombres y apellidos de todas las víctimas, las localizadas y también sobre las que existe constancia documental que fueron ejecutadas en las tapias del camposanto malagueño aunque sus cuerpos nunca hayan sido localizados. 

La exhumación de los cuerpos y la construcción del monumento no fue un camino fácil, pero logró la unanimidad de todos los partidos políticos e incluso el apoyo económico de las tres administraciones públicas, especialmente del Ayuntamiento de Málaga, también de la Junta de Andalucía y el Estado, a través de una subvención a la Asociación por la Memoria Histórica. Y como no, de la Universidad de Málaga, la institución a quien se le encargó todo el proceso de exhumaciones. Fueron tres años de excavaciones y 21 fosas localizadas. La última se abrió en el patio civil y estuvo destinada a los restos de los fusilados que, según expresión de sus verdugos, morían sin estar en gracia de Dios. Muchos cadáveres fueron hallados con las manos cruzadas y atadas con alambres. 

La idea original era que un gran parque rodeara ese mausoleo de las víctimas del franquismo en San Rafael, pero la crisis ralentizó el proyecto. Esta semana se conocía una noticia que ha levantado dolorosas críticas, una denuncia de la Asociación de la Memoria Histórica advirtiendo que sobre una de las fosas de San Rafael se había levantado una especie de parque canino con un pipican para los animales. Una vergüenza sobre la memoria de los que fueron enterrados bajo estos terrenos. Estoy absolutamente convencido de que se ha tratado de un error de localización y sería injusto achacar al equipo de gobierno del PP en Málaga intencionalidad alguna en este despropósito, después de una actuación modélica en la dignificación de las víctimas de la represión en Málaga. Con todo, no estuvieron acertados ni el concejal de Urbanismo, Francisco Pomares; ni tampoco el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, en hacer frente a la polémica culpando a la Asociación de la Memoria Histórica de este disparate. Acusarles de que podrían haber entregado unos planos erróneos, fue además un auténtico despropósito. Entre otras razones, porque esta Asociación llevaba más de un año advirtiendo del posible error sin que le hicieran caso alguno. Afortunadamente, el equipo de gobierno rectificó a tiempo y decidió clausurar el polémico parque de perros. La respuesta de De la Torre volvía a estar en consonancia con sus actuaciones anteriores, la clara intención municipal de dignificar a las víctimas. 
Las fosas comunes sobre el cementerio de San Rafael ocupan una extensión de más de 60.000 metros cuadrados, que ahora mismo están totalmente abandonados. Con independencia de la polémica con el pipican, es un absoluto bochorno contemplar un magnífico mausoleo en memoria de las víctimas de la represión levantado sobre un erial, a la espera de unas obras que ya fueron adjudicadas pero que todavía no se han iniciado. Para esto también se debía de exigir una respuesta inmediato. 
La crisis –la económica– no debe afectar a la memoria –la histórica–.


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