Nos están robando
Leo una historia en torno a una fábrica en la que se sucedían continuos robos. Los responsables, convencidos de que los hurtos los cometían los propios empleados, decidieron realizar controles a la salida para localizar a los autores. En una noche de guardia, un obrero salió con una carretilla que llevaba un bulto con apariencia sospechosa. “¿Qué llevas ahí?”, le interrumpió el guardia. “Serrín y viruta”, le contestó el obrero. “Y pretendes que me lo crea. Abre la bolsa”. Y efectivamente, había solo serrín y viruta. Todas las noches repetía la operación, pero nunca localizaron nada. El guardia, un día, se dio por vencido y le dijo al obrero. “Si me dices lo que estás sacando de contrabando de la fábrica, te dejaré pasar siempre y no te molestaré más”. Y el obrero le contestó: “Las carretillas”.
Cuando hace unas semanas detuvieron al ex alcalde de Casares Juan Sánchez, un histórico dirigente de IU por varios presuntos delitos, los policías que actuaron y el juez que le interrogó buscaron cómo podía justificar un posible aumento de sus ingresos, así como las operaciones urbanísticas que habrían facilitado el blanqueo de dinero procedente del crimen organizado. Sin embargo, al igual que ocurre con otros casos de corrupción, lo esencial del delito no estaba en el contenido de la carretilla. El delito es otro, la universalización de la corrupción, que ya afecta a todos los partidos del arco democrático en la Costa del Sol.
Ocurrió igual con otro de los casos de corrupción más importantes que se destaparon en Málaga y que tiene como protagonista al que fuera alcalde de Manilva, Pedro Tirado. La fiscalía ha desinflado su petición de condena. El Ministerio Público puede acreditar que Tirado cobró una importante comisión por aumentar la edificabilidad de una parcela, pero como esa decisión ni fue ilegal ni contravenía el ordenamiento, rebaja los hechos a un delito de cohecho impropio. Un alcalde puede cobrar 762.000 euros de comisión por facilitar una operación urbanística: levantar 18 viviendas por hectárea donde estaban previstas 10. La Fiscalía buscaba el delito en el dinero, cuando el delito es el código penal que no tiene previsto artículos para demasiados robos.
Manilva; el caso Troya en Alhaurín el Grande —cuyo alcalde fue condenado por un delito de cohecho, tras ser inicialmente detenido por 13 más—; la sentencia de Ballena Blanca —una operación contra el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico que se fue desintegrando a lo largo del juicio—; o lo que algunos temen que pueda ocurrir con el caso Malaya, está demostrando que la policía y los jueces investigan siempre el contenido de la carretilla. Por eso, mientras buscan, entre el serrín y la viruta, las recalificaciones de terreno, los acuerdos para aumentar la edificabilidad y el dinero escondido en paraísos fiscales; los ladrones saquean los paisajes, las zonas verdes y los metros más cercanos a la playa.
A la malversación de fondos se le llama en Venezuela peculado doloso propio en la modalidad de distracción, que es el mejor eufemismo que haya leído nunca. Se trata de un delito que consiste en el hurto de caudales del erario público, cometido por aquel a quien está confiada su administración. España se está convirtiendo en una fábrica donde cada noche alguien nos roba con una carretilla. Un día los hurtos suceden en el Consejo General del Poder Judicial, otro en Bankia; una noche asaltan los colegios, otra los hospitales. Lo hacen en los Consejos de Ministros, en Bruselas, en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Central Europeo. Dicen que están extrayendo los que nos sobra, pero no es verdad. Se llevan un trozo de decencia, un cacho de futuro, lo que va quedando de esperanza y unos restos que aún había de vergüenza. Y todos estos robos se producen en la modalidad de distracción. O sea, mientras nos entretenemos buscando cosas entre el serrín y la viruta.
Leo una historia en torno a una fábrica en la que se sucedían continuos robos. Los responsables, convencidos de que los hurtos los cometían los propios empleados, decidieron realizar controles a la salida para localizar a los autores. En una noche de guardia, un obrero salió con una carretilla que llevaba un bulto con apariencia sospechosa. “¿Qué llevas ahí?”, le interrumpió el guardia. “Serrín y viruta”, le contestó el obrero. “Y pretendes que me lo crea. Abre la bolsa”. Y efectivamente, había solo serrín y viruta. Todas las noches repetía la operación, pero nunca localizaron nada. El guardia, un día, se dio por vencido y le dijo al obrero. “Si me dices lo que estás sacando de contrabando de la fábrica, te dejaré pasar siempre y no te molestaré más”. Y el obrero le contestó: “Las carretillas”.
Cuando hace unas semanas detuvieron al ex alcalde de Casares Juan Sánchez, un histórico dirigente de IU por varios presuntos delitos, los policías que actuaron y el juez que le interrogó buscaron cómo podía justificar un posible aumento de sus ingresos, así como las operaciones urbanísticas que habrían facilitado el blanqueo de dinero procedente del crimen organizado. Sin embargo, al igual que ocurre con otros casos de corrupción, lo esencial del delito no estaba en el contenido de la carretilla. El delito es otro, la universalización de la corrupción, que ya afecta a todos los partidos del arco democrático en la Costa del Sol.
Ocurrió igual con otro de los casos de corrupción más importantes que se destaparon en Málaga y que tiene como protagonista al que fuera alcalde de Manilva, Pedro Tirado. La fiscalía ha desinflado su petición de condena. El Ministerio Público puede acreditar que Tirado cobró una importante comisión por aumentar la edificabilidad de una parcela, pero como esa decisión ni fue ilegal ni contravenía el ordenamiento, rebaja los hechos a un delito de cohecho impropio. Un alcalde puede cobrar 762.000 euros de comisión por facilitar una operación urbanística: levantar 18 viviendas por hectárea donde estaban previstas 10. La Fiscalía buscaba el delito en el dinero, cuando el delito es el código penal que no tiene previsto artículos para demasiados robos.
Manilva; el caso Troya en Alhaurín el Grande —cuyo alcalde fue condenado por un delito de cohecho, tras ser inicialmente detenido por 13 más—; la sentencia de Ballena Blanca —una operación contra el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico que se fue desintegrando a lo largo del juicio—; o lo que algunos temen que pueda ocurrir con el caso Malaya, está demostrando que la policía y los jueces investigan siempre el contenido de la carretilla. Por eso, mientras buscan, entre el serrín y la viruta, las recalificaciones de terreno, los acuerdos para aumentar la edificabilidad y el dinero escondido en paraísos fiscales; los ladrones saquean los paisajes, las zonas verdes y los metros más cercanos a la playa.
A la malversación de fondos se le llama en Venezuela peculado doloso propio en la modalidad de distracción, que es el mejor eufemismo que haya leído nunca. Se trata de un delito que consiste en el hurto de caudales del erario público, cometido por aquel a quien está confiada su administración. España se está convirtiendo en una fábrica donde cada noche alguien nos roba con una carretilla. Un día los hurtos suceden en el Consejo General del Poder Judicial, otro en Bankia; una noche asaltan los colegios, otra los hospitales. Lo hacen en los Consejos de Ministros, en Bruselas, en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Central Europeo. Dicen que están extrayendo los que nos sobra, pero no es verdad. Se llevan un trozo de decencia, un cacho de futuro, lo que va quedando de esperanza y unos restos que aún había de vergüenza. Y todos estos robos se producen en la modalidad de distracción. O sea, mientras nos entretenemos buscando cosas entre el serrín y la viruta.
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