El embalse
de la Concepción de Marbella abrió el pasado mes de marzo sus compuertas
para tirar agua al mar al superar el 95,75% de su capacidad total de
almacenamiento, lo que suponía estar por encima de su nivel de
seguridad. En las semanas anteriores lo hizo en otras dos ocasiones.
También unos meses antes, en diciembre de 2016. Sucede siempre que
llueve con intensidad en la zona. Y sucedió en los peores años de sequía
en la Costa del Sol, en 2008 y en 2015, cuando las administraciones
pusieron en marcha medidas muy drásticas para paliar los efectos de la
escasez de lluvias. Aunque parezca increíble, en Málaga se pueden leer
en los medios de comunicación dos titulares al unísono: las
administraciones anunciando un decreto de sequía y un pantano tirando al
mar, en apenas dos días, el agua que garantizaría el consumo de la
población de la zona durante sesenta días.
La Concepción no es una presa cualquiera. De sus
reservas beben un total de once localidades de la Costa del Sol
Occidental, entre ellas Marbella, Torremolinos, Estepona o Fuengirola,
municipios que duplican sus habitantes en los meses estivales. Con la
misma facilidad que se llena, se vacía, ya que apenas tiene capacidad
para albergar 55,78 hectómetros cúbicos. Desde su inauguración en la
década de los años 70, ya se consideró pequeña. Y hay un proyecto desde
el Pleistoceno para aumentar su capacidad de almacenamiento. La primera
idea fue hacerla recrecer. Se planteó en 1999 dentro del denominado Plan
Málaga y se descartó, ya que obligaba a vaciarla para poder hacer la
obra. Aquella actuación se cifró en 38,5 millones de euros. Finalmente
se ha optado por otra solución, la de construir un nuevo muro por encima
del embalse actual, una especie de nueva presa delante de la actual.
Este proyecto cuesta más de 200 millones de euros. Da igual el coste,
tampoco se hace. Paralelamente a esta obra, se planteó una conexión
entre este pantano con Málaga, y unirlo con la conducción ya construida
entre la capital y la zona oriental de la provincia, con la idea de
trasvasar los excedentes hídricos entre las distintas cuencas y no
seguir tirando agua al mar.
Cuando se tira agua al mar en sequía habría que hacer un monumento a la dejadez institucional
Desde el año 2001 se arrastra el proyecto de ampliación. Y
desde el año 2005, la idea de la conducción. Las dos obras fueran
declaradas de interés general del Estado, pero el Estado ha mostrado
escaso interés en hacerlas. Dieciséis años después del anuncio, que se
dice pronto, no ha sido hasta este ejercicio cuando se han dado los
primeros pasos para acometer esta obra. El Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medioambiente -esa amalgama de departamentos
burocráticos- ha iniciado las consultas ambientales para poner en marcha
el proyecto, considerado vital por la Junta de Andalucía. Y en ello
estamos, en los inicios de un largo recorrido administrativo, que se
paralizó con la crisis económica, y que incluye declaración de impacto
medioambiental, licitación, adjudicación y ejecución del proyecto. O
sea, un puñado de años de seguir tirando agua al mar en plena sequía.
Podría hacer un recorrido similar por otras obras
hidráulicas que están pendientes en distintos puntos de Andalucía, una
comunidad que afronta un nuevo periodo de sequía sin resolver la mayoría
de las deficiencias que llevamos décadas arrastrando. Resulta un
bochorno que las instituciones se tiren las competencias entre ellas,
sin que se pongan de acuerdo en unas mínimas actuaciones necesarias para
resolver este gravísimo problema. En Granada tienen el embalse de Rules
terminado desde el año 2004, pero trece años después de la inauguración
aún están pendientes de las canalizaciones que harían posible la
utilización del agua embalsada, un líquido que también termina en el mar
en muchas ocasiones.
El bochorno es completo cuando descubrimos que las
obras hidráulicas tampoco han escapado de la rapiña. En enero de 2016,
saltó un nuevo escándalo de corrupción que tenía su epicentro en la
empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del
Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Un caso que investiga la
presunta adjudicación fraudulenta de contratos públicos inflados para
obras hídricas y medioambientales entre 2007 y 2014, y donde estaba
implicado desde un director general hasta un buen número de empresas que
nos timaron con certificaciones de obras falsas. Esa investigación de
la Audiencia Nacional dejó en el aire varios proyectos comprometidos en
Andalucía por esta empresa estatal, entre ellos la desaladora de Mijas o
la del Bajo Almanzora.
Con el tercer decreto de sequía en este siglo, no hay
argumento que justifique la dejadez de las administraciones públicas
ante un problema de tal gravedad. Por eso, cada vez que la presa de La
Concepción vuelva a abrir sus compuertas para tirar al mar hectómetros
cúbicos de agua que no se tiene en municipios que están a 60 kilómetros
de distancia y padecen restricciones al consumo, habría que levantar un
monumento a la irresponsabilidad política y a la dejadez institucional.
Publicado en Málaga Hoy. Con ilustración de Daniel Rosell.
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