Cómo la corrupción se coló en el salón principal

Ni fueron las detenciones ni siquiera las investigaciones policiales. Descubrí un día la realidad del escaso control administrativo sobre las ayudas laborales a las empresas en crisis en Andalucía por una pequeña anécdota. En media de las filtraciones del sumario de los ERE, aparecieron unas declaraciones de un alto cargo afirmando que los días previos a un viaje a Jaén del presidente de la Junta, recibió una llamada de Gaspar Zarrías para que solucionara el conflicto de los trabajadores de una empresa en crisis de esa provincia que habían increpado a Manuel Chaves en una visita anterior. Zarrías no quería que ese hecho volviera a repetirse y llamó al responsable de la administración regional en la provincia para darle una solución inmediata al conflicto. Me pareció que la historia era completamente verosímil y un ejemplo paradigmático de cómo se solucionaban los problemas con las empresas en crisis en Andalucía. No solo se trataba de dar una respuesta al drama por el que estaban pasando los trabajadores, sino también se buscaba mantener un clima de paz laboral en una comunidad machacada por la falta de empleo y con multitud de empresas en quiebra lanzando a empleados a las listas del paro. Y en ese tema había que ser rápido, no necesariamente eficientes.

Por aquel entonces Chaves era Dios y Zarrías su profeta en Jaén. Andalucía se desangraba: la industria se iba a pique y en cada provincia había un conflicto laboral que afectaba a miles de trabajadores. Delphi en Cádiz, Santana Motor en Jaén, Intelhorce en Málaga y un largo etcétera de conflictos sin solución alguna. Empleados en las calles, familias sin ingresos y una comunidad donde encontrar trabajo resultaba una quimera. Nada que ver con los festejos diarios de la segunda modernización ni con la Andalucía imparable. La realidad chocaba con el discurso oficial de la California del Sur, por eso a los problemas se les buscaba solución inmediata, aunque no fuese solución alguna.

Una situación similar la viví como periodista en Málaga con los trabajadores de Intelhorce, concentrados en el parque de la ciudad los días previos a una campaña electoral. Los comicios a punto de celebrarse y los trabajadores aprovechando cualquier acto del PSOE en la ciudad para protestar y exigir sus empleos, después de que la empresa hubiese sido saqueada por gerentes y empresarios que se simultanearon durante años para llevarse todo el dinero que pudieron. De aquella acampada nació Hitemasa. El día que un grupo de periodistas acompañamos a los autoridades de la Junta a la inauguración de la nueva fábrica descubrimos todos al unísono que aquello no tenía viabilidad alguna. No había más que ver las destartaladas maquinarias, las viejas instalaciones y el estado de la fábrica para descubrir de inmediato que nada de lo que se produjera allí podía ser competitivo en un mundo del textil en manos de los países asiáticos. Aquello terminó en unos de los ERE que ahora están en entredicho. Era de una lógica aplastante que esa solución no era solución alguna.

En aquel desastre laboral, no había segunda modernización que valiera. Y la única calma la traía el acuerdo de concertación laboral en Andalucía, ese pacto entre la administración, empresarios y sindicatos por el que se ponían en marcha cientos de medidas cuyos resultados nunca conocimos. Y cientos de millones, cuyo destino tampoco estuvo nunca demasiado claro. Nadie, sin embargo, lo discutió. La comunidad, como objetivo prioritario para el empleo de la Unión Europea, recibió ingentes cantidades de dinero: fondos de formación, fondos para el desarrollo empresarial, incentivos….

En la Junta, como en otras muchas instituciones de España, se decidió que los procedimientos administrativos para gestionar tanto dinero eran lentos y hubo que estirar o cambiar las leyes para que todo fuese más rápido. Y allí donde había varios controles, se quitaron unos pocos o se perdieron casi todos. Las instituciones crearon empresas públicas para poder aumentar la deuda y que no les computara en el apartado principal; donde había funcionarios pendientes de la gestión se colocaron a cargos de confianza; y en las instituciones que debían velar por la legalidad, por ejemplo, las Cámaras de Cuentas, los partidos políticos se repartieron los puestos en orden a su representatividad en las urnas. Este pasado fin de semana lo recordaba Soledad Gallego Díaz en un artículo en El País. "Cazurramente y faltos de cultura democrática, en este país demasiados políticos se lanzaron a sortear procedimientos administrativos para agilizar la gestión, obviando que se abría un coladero para la arbitrariedad y la corrupción".

Al margen de las responsabilidades penales en las que han incurrido un buen número de sinvergüenzas en la gestión de los ERE, también de las responsabilidades políticas que se derivan de la nefasta gestión de una administración donde durante diez años se sostuvo un agujero negro donde salía dinero a espuertas; la gran lección que nos deja la corrupción en Andalucía, en Madrid, en Valencia o en cualquier punto de la geografía española, es que hubo un tiempo en que las leyes no se cambiaron para hacerlas mejores, sino que demasiadas veces se sustituyeron para poder esquivar sus controles y hacerlas más vulnerables.

Por eso, una vez se abrió la puerta de la arbitrariedad, la corrupción se coló hasta el salón principal de la casa. Frente a las propias narices de los comensales. Y estuvo tanto tiempo, que resulta difícil creer cómo no la pudieron ver.