El día del récord histórico de corrupción

Desde que se disparó el precio de la electricidad en España, el Gobierno del PP ha tomado dos medidas para hacer frente a esta subida: invocar al dios de la lluvia y enchufar con un sueldo de 175.000 euros al año al ex director general de la Guardia Civil en Red Eléctrica. De todas las veces que los dirigentes políticos nos toman a los ciudadanos por tontos, el de ahora es uno de los momentos cúlmenes. 

Choteo, según el diccionario de la Real Academia, es, en lenguaje coloquial, sinónimo de burla y pitorreo. No he encontrado palabra más precisa que burla para definir la invocación de Rajoy a la lluvia para parar el precio de la electricidad, ni vocablo más adecuado que pitorreo para explicar la impunidad con la que un Gobierno hace uso de las puertas giratorias para colocar a sus altos cargos en las eléctricas. Se están choteando, en concreto, de nosotros. 

Hace unos días, Transparencia Internacional advirtió que en España hemos alcanzando un récord histórico en el índice de percepción de la corrupción. Los ciudadanos percibimos que este país es más corrupto que nunca, lo que no quiere decir que lo sea. Según los autores del estudio, estamos entrando en el pelotón de cabeza de aquellos países que se han acercado "peligrosamente" a una situación de corrupción sistemática, como Georgia o la República Checa. Ahora mismo, si se le pregunta a un ciudadano de Botswana o de Bután sobre la percepción que tiene sobre la lucha de su Gobierno contra la corrupción, se muestra mucho más optimista que los españoles. Y eso, deberían admitirlo, tiene tela marinera. 

Ha costado mucho esfuerzo alcanzar este récord negativo. Han sido necesarios muchos años con dirigentes políticos robando a espuertas de las arcas públicas y los partidos mirando para otro lado, para poder alcanzar este puesto en el ranking mundial de lo impresentable. Y se han tenido que anunciar muchas medidas contra la corrupción que no han servido de nada para que los españoles ya no se crean ninguna. No ha sido fácil llegar hasta este punto. Los expertos de Transparencia Internacional han ofrecido varias explicaciones de cajón para poder entender la situación, una de ellas es la politización de la Justicia. Y otra, no menos importante, la opacidad en algunos sectores esenciales: las compañías energéticas y el sector bancario. 

El informe de Transparencia Internacional ha coincidido prácticamente en el tiempo con el escándalo de la subida del precio de la electricidad. Y existe una clara relación entre una cosa y otra. En España, como bien sostiene este estudio, la falta de transparencia con las que operan las compañías eléctricas y la presencia de ex presidentes, ex ministros y ex altos cargos en sus consejos de administración, es uno de los motivos -entre otros muchos- por el que los ciudadanos tenemos una percepción de que existen prácticas corruptas.

Por eso, si existiese un mínimo pudor en el partido del Gobierno a nadie se le hubiera ocurrido en estos momentos enchufar a un tipo que ha sido hasta hace unos días director general de la Guardia Civil como consejero independiente -dependiente del PP- en Red Eléctrica, un organismo donde el Estado tiene un 20% de participación.

Como ocurre con todas las noticias que no les interesan a nuestra clase política, el informe y el nombramiento de Arsenio Fernández de Mesa en Red Eléctrica han pasado muy desapercibidas. Les ha pillado a todos en cuestiones de mayor calado: si Susana Díaz se presenta o no a las primarias del PSOE, si Íñigo Errejón le escribe o no por Whastapp a Pablo Iglesias, o si Mariano Rajoy va a dejar o no a María Dolores de Cospedal de secretaria general del PP. Tres asuntos de enorme transcendencia para nuestro devenir diario y no la corrupción, ese asunto tan manido y que apenas afecta a unos pocos, ya que generalizar no se debe.

En la presentación del estudio, el catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Manuel Villoria, soltó una frase que debería avergonzar a cualquier dirigente político en un país medianamente decente, pero que tuvo la misma respuesta que cualquiera podría conseguir hablándole a una pared. Exactamente ninguna. La reflexión del catedrático es la que sigue: "Los datos son tremendos y casi inesperados. Nunca habíamos tenido una posición tan mala. Hemos llegado al suelo. Más bajo no podemos caer". Se equivocó el catedrático. Era posible caer más bajo. Sólo hubo que esperar un par de días. 

Que miembro alguno del Gobierno español hubiera salido a intentar matizar estos datos sobre la corrupción era previsible, pero que, dos días después, utilizaran de nuevo las puertas giratorias para colocar a uno de los suyos en un consejo de administración de las eléctricas tiene mucho mérito. Con todo, más sorprendente aún ha sido la respuesta de los partidos de oposición. Ni un solo dirigente ha aprovechado el informe de Transparencia Internacional para darle un buen tirón de orejas al Gobierno y se pueden contar con los dedos de una mano los que han salido a lamentar el nombramiento del benemérito Fernández de Mesa. 

Peor que lo que dice el estudio, es la realidad que nos invade: el de asumir con absoluta normalidad el fenómeno de la corrupción como parte de nuestro día a día. Desde la total indiferencia y sin un mínimo de pudor. Pasteleando de nuevo un acuerdo para repartirse los puestos en el Tribunal Constitucional. O sea, haciendo justo lo contrario de lo que reclaman los expertos para luchar contra la corrupción: seguir politizando la Justicia.

Artículo publicado en Grupo Joly. Málaga Hoy. Ilustración de Daniel Rosell.