Un edificio sin ascensor… social
El pasado
fin de semana hubo un incendio en un edificio en Málaga. Y son ya
muchos, pero nadie está seguro de cuántos. Las crónicas sobre el suceso
discrepaban de un medio a otro, según el relato de los vecinos. Unos
inquilinos cifran en más de 15 los siniestros que se habían producido en
el inmueble en los últimos años; otros fueron incapaces de dar una
cifra concreta, pero dijeron que han sido muchos más. El bloque
siniestrado se encuentra en la barriada malagueña de Palma-Palmilla y se
conoce como el edificio de calle Cabriel 27. Si hubiese que levantar en
Málaga un monumento a la exclusión social, la marginalidad, la
delincuencia, el tráfico de droga a pequeña escala y la inmigración,
cabría todo en este inmueble de 13 plantas. Una caverna social que se
cae a trozos por la dejadez de las distintas administraciones públicas.
La primera vez que escribí sobre el edificio de calle
Cabriel 27 fue en marzo de 2007, hace ya la friolera de 11 años. Un
incendio arrasó el cuarto de contadores. Era la consecuencia lógica del
mal estado de las instalaciones, llena de enganches ilegales y con
filtraciones de agua. Por aquel entonces, de los 52 vecinos del edificio
sólo seis eran los propietarios legales de las casas. Pequeñas mafias
de traficantes de droga o arrendadores en la clandestinidad a
inmigrantes en situación ilegal, controlaban un inmueble en el que se
vivía en condiciones infrahumanas. En aquel siniestro nos enteramos de
que los dos ascensores llevaban ya más de 14 años sin funcionar. Y no
funcionaban porque algunos vecinos los desmontaron y los vendieron por
piezas. No todos los inquilinos han tenido alguna vez intención de que
se arreglara aquello. La razón es tremenda: cuando aparece la Policía,
los agentes tienen que subir las escaleras y a los pequeños traficantes
les da tiempo a salir huyendo.
En marzo de 2008 volví a escribir de este inmueble. Hacía
un año que se había incendiado el cuarto de contadores y 365 días
después aún no había vuelto la luz al edificio. Sus vecinos habían
pasado de una sombría existencia a la oscuridad total como consecuencia
de dos ausencias: la falta de electricidad y la falta de soluciones. El
inmueble era propiedad de la Junta, pero la rehabilitación competencia
del ayuntamiento de Málaga. Y ningún plan municipal para crear una
comunidad de propietarios en el inmueble, ni proyecto alguno de la Junta
para rehabilitarlo o expropiarlo, salió adelante. El problema esencial
fue que nadie era capaz de conocer oficialmente quién ocupaba las casas.
Por aquel entonces, apenas quedaban ya en situación
legal un grupo de vecinos pertrechados en sus pisos para que nadie se
los quitara. La mayoría, instalados allí, porque no tenían otro sitio
donde vivir. Mientras tanto, el inmueble iba perdiendo su consideración
de vivienda para convertirse en una cueva en vertical: a la ausencia de
ascensor, se sumó la falta de marcos en algunas ventanas y de puertas en
muchos pisos. Cuanto más se deterioraba el edificio, más fracasaban los
intentos de las administraciones por restablecer unas mínimas
condiciones de habitabilidad. Como las promesas no llegaban, los que
pudieron salieron huyendo.
En 2016 eran ya únicamente tres los propietarios
originales que seguían malviviendo en el inmueble, mientras los
enganches ilegales acumulaban incendios y las administraciones planes de
rehabilitación. La Junta fue la primera que habló de expropiar el
edificio y buscarle un realojamiento a sus moradores legales. Ni que
decir tiene, que nunca hicieron nada. En 2017 el ayuntamiento de Málaga,
a través del Instituto Municipal de la Vivienda, sacó un concurso
público para transformar este edificio. Así se contó la buena nueva:
expropiaría el inmueble, desalojaría a sus ocupantes y transformaría el
bloque en un edificio híbrido que alternara viviendas de alquiler,
centro cultural y de emprendimiento. El coste total de la operación se
estimó en 6,5 millones de euros y al proyecto no le faltaba un detalle:
viviendas en régimen de rotación, centros de asistencia y de talleres
para cuidadores de personas dependientes, así como programas de
prevención para drogodependientes. Hasta un centro cívico incluía, con
su propia escuela de emprendedores.
Claro que mientras se seguía tramitando el papeleo
administrativo del proyecto, el hueco del ascensor donde no había
ascensor, se ha ido transformando en un almacén de basura. Y trece
plantas de hueco dan para un montón de bolsas de basura. El domingo
pasado un incendio se originó en su interior. Cuando llegaron los
bomberos había alcanzado una vivienda y las llamas llegaban ya a la
cubierta del edificio, lo que obligó al desalojo de todo el vecindario.
Un nuevo fuego, otro de tantos, en este gueto vertical convertido en
una ruina desde el primer al último escalón del edificio.
Cabriel 27 es el siguiente peldaño al chabolismo en
la escala de la marginalidad. Un edificio que se alza contra las más
mínimas normas de convivencia y donde algunos inquilinos se fueron
porque vivían con miedo dentro de sus propias casas. Es un secreto a
voces que el inmueble lo controlan unas pocas familias que alquilan los
pisos a inmigrantes en situación ilegal o a gente sin apenas recursos,
por lo que no tienen interés alguno en que se arregle nada. Cualquier
día sucederá una tragedia mayor y habrá que lamentar años y años de
abandono. Si les cuenta esta historia es, esencialmente, porque no es un
caso único. Demasiadas barriadas de los extrarradios de las ciudades
andaluzas han creado grandes guetos verticales, donde se eternizan
edificios que no garantizan a sus moradores una convivencia medianamente
digna y medianamente pacífica. Inmuebles levantados por instituciones
públicas que hace años que se desatendieron de su mantenimiento y que se
caen a pedazos entre un plan de rehabilitación que nunca llega y un
proceso de realojo de nunca jamás. Años y años sin ascensor. Sin
ascensor social alguno para los que allí viven.
La primera vez que escribí del inmueble de calle Cabriel fue en 2007. Y los años que nos quedan por contar.
Publicado en Málaga Hoy. Con ilustración de Daniel Rosell.
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