A ofrecer
un soborno en Argentina se le llama coloquialmente dar la coima. Y en
Buenos Aires hay incluso un monumento a la coima, el único del mundo
dedicado al diezmo o la cometa, que son otras fórmulas que tienen para
referirse a la corrupción. Se levantó en los años 30 en medio de la
Avenida 9 de Julio. Una singular torre, ejemplo de modernidad en su
época, que albergó en su día la sede del Ministerio de Obras Públicas.
Cuenta la leyenda en torno al edificio, que su constructor decidió
encargar dos estatuas hermanas a un escultor para colocarlas a ambos
lados de la fachada principal. Y el autor esculpió una de ellas con un
cofre en las manos; mientras la otra la representó con una mano hacia
atrás pegada al cuerpo, con la palma hacia fuera.
Dicen que el arquitecto quiso simbolizar con ellas,
el hartazgo ante tantos funcionarios que lo incomodaron en la
construcción del edificio, pidiéndole sobornos para resolver cualquier
inconveniente en la obra, de ahí que antes de concluir el trabajo
decidió encargar al escultor estas dos hermanas de piedra, como testigos
mudas de coimas, sobornos, cometas y fraudes que se realizaban en el
interior del inmueble y a centímetros de sus miradas. La historia del
edificio la rescató el periodista argentino Luis Gasulla en un libro que
se llama El negocio político de la Obra Pública. Una
investigación que partió de la detención, en el año 2016, del que fue
secretario de Obras Públicas durante los 12 años de los gobiernos de
Néstor y Cristina Krichner. En una noche de junio de ese año, José
López, que así se llama este personaje, fue descubierto lanzando maletas
cargadas de billetes por la tapia de un convento a las afueras de
Buenos Aires, mientras un grupo de monjas iban recogiéndolas para
esconderlas.
La CNMV puso el dedo en la llaga de las manipulaciones en los concursos
En España no hemos levantado todavía un monumento
dedicado a la corrupción, a pesar de que, salvo pillar a un sinvergüenza
lanzando maletas llenas de billetes por la tapia de un convento, no nos
hemos privado de ninguna fórmula de esconder dinero robado de los
presupuestos públicos. El mercado de los contratos de las
administraciones es un nicho de tentaciones y ofrece un sinfín de
oportunidades para la corrupción. Los concursos públicos, ya sean para
construir una carretera o para hacerse con el contrato del
abastecimiento de agua, han sido, muchas veces, un terreno muy bien
abonado para que campara a sus anchas la sinvergonzonería. Hace unos
años, Transparencia Internacional promedió en hasta un 10% el coste que
tiene la corrupción y el soborno sobre el montante total de la
contratación pública en España.
Todo esto viene a cuento de la última operación
contra el pillaje. Ahora con los semáforos. Una investigación que afecta
a más de cuarenta ayuntamientos repartidos por toda la geografía
española que podrían haber alterado concursos públicos destinados a
proyectos de regulación semafórica y gestión de multas a cambio de
comisiones. 16 alcaldes o concejales, y nueve jefes de la Policía Local,
que se dice pronto, figuran en el listado de investigados. Todos con un
denominador común, una misma empresa que les pagó por hacerse con los
contratos. Desde que se inventó el soborno, hay un hecho ineludible
siempre: la presencia de, como mínimo, dos actores. El que recibe y el
que paga. Al igual que no hay corrupción sin corrupto, no existe
corrupción sin corruptores. En esta última trama ha vuelto a aparecer
una filial de la constructora Sacyr, un gigante de la obra pública que
tiene un largo historial de apariciones en sumarios e investigaciones
judiciales relacionados con el presunto pago de comisiones.
En la lucha contra esta lacra en España, empieza uno a
tener la impresión que se está yendo de rositas uno de los dos actores
de todo soborno. No hay trama, por pequeña o grande que sea, en la que
no aparezcan las grandes constructoras de España, ya sea con donaciones a
partidos o con entrega de comisiones ilegales. Ya sea la Púnica, la
Gürtel, la contabilidad de Bárcenas o la trama del 3% de Convergencia en
Cataluña... Están en los apaños y en los amaños, pero salen indemnes de
la mayoría de los casos de corrupción, una veces por la prescripción de
delitos; otras, por cargarles el mochuelo a directivos de segunda fila;
y muchas porque las investigaciones se cierran por la dificultad de
probar que detrás de toda donación hay, casi siempre, el deseo de lograr
un trato de favor.
Hace unos años la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia (CNMV) realizó una guía para advertir de posibles amaños
en la contratación pública en España, un sector que supone un 15% del
PIB del país. Este organismo estimó en unos 40.000 millones de euros el
sobrecoste que causa en las contrataciones públicas la falta de
competencia. Alertaba sobre el reducido número de licitaciones en
algunas obras; de las ofertas incoherentes; de las similitudes
sospechosas entre las distintas ofertas que se presentaban; de las
ofertas no competitivas; de las presentadas por la misma persona física,
a través de varias empresas… En definitiva, ponía el dedo en la llaga
de las manipulaciones en los concursos y de los acuerdos entre los
contratistas para no competir. El caldo de cultivo de cualquier
tejemaneje.
Estamos levantando en España un monumento contra la
corrupción muy distinto al de Buenos Aires. Aparece en una esquina, la
misma estatua con la mano hacia atrás y la palma levantada hacia fuera;
pero, en la otra esquina, no hay quién localice la estatua que lleva el
cofre en la mano. Y la corrupción, como bien reprodujo el arquitecto
argentino, no es una imagen en solitario, sino un conjunto escultural
con al menos dos figuras.
Publicado en Málaga Hoy. Con ilustración de Daniel Rosell.
Comentarios
Publicar un comentario