Transparencia

Hay una frase de un veterano periodista inglés que se llama Claude Cockburn que aconseja no creer nunca nada hasta que sea oficialmente desmentido. Se trata de una ironía, pero demuestra con cierta crudeza la tradicional relación del periodismo con las fuentes oficiales, demasiadas veces más preocupadas por ocultar la verdad que por ofrecer una información veraz sobre cualquier polémica acontecida en su gestión. O lo que es lo mismo, practicando la táctica del secretismo.

El acceso a la información pública es un derecho democrático que está recogido en la Constitución Española.Los ciudadanos tienen derecho a saber, a conocer todo lo que se hace, cómo se hace y cuánto se gasta en hacer las cosas cualquier institución pública. La transparencia no es por tanto un privilegio ni una gracia de las administraciones, es una obligación democrática. Por eso, que el Consejo de Gobierno de la Junta diera ayer el visto bueno a la Ley de Transparencia es una buena noticia, aunque llegue con retraso. Se han precisado tres décadas y una ley específica para que las administraciones públicas en España tengan la obligación de ofrecer algo que ya le exigía desde el minuto uno la Constitución Española: que los ciudadanos tengan acceso a la información pública.

La transparencia, sin embargo, no consiste en publicar datos, ofrecer páginas web o colgar lo que ganan los diputados. Es, antes que todo, una actitud democrática que exige integridad y conciencia de que se gestiona dinero público. De hecho, se pueden publicar las polémicas dietas de la mesa del Parlamento en la página web de esta institución y que no se entere nadie hasta dos meses después de su aprobación, ya que no había intención alguna de hacerlas públicas.

Parafraseando al periodista inglés, las dietas no se conocieron hasta que oficialmente fueron quitadas.