La comisión más inútil del mundo.

EN el año 1992, cuando las sospechas de corrupción y financiación ilegal de los partidos políticos estaban en plena efervescencia, en Andalucía se creó una comisión de investigación por el llamado caso Ollero, el presunto pago de comisiones ilegales por la adjudicación de varias obras públicas de la Junta. Como por aquel entonces sobre el asunto llovían chuzos de punta, el que fuera presidente del Gobierno andaluz Manuel Chaves decidió que, además de investigar las posibles fechorías de algún alto cargo de su ejecutivo, había que despejar cualquier duda sobre de dónde se nutrían las arcas de los partidos. Bajo esta premisa, Chaves decidió crear una Comisión de Seguimiento y Control de la Financiación de todos y cada uno de los partidos que tenían representación en la Cámara. Un año después, los ponentes del caso Ollero terminaron sus trabajos y dictaron, entre sus conclusiones, una resolución: la comisión de seguimiento y control tendría carácter permanente. De eso hace 22 años, y ahí sigue, constituyéndose en cada nueva legislatura.

Desde hace dos décadas, por tanto, una legislatura tras otra, el Parlamento andaluz incluye entre sus órganos parlamentarios una comisión dedicada exclusivamente a velar por la legalidad y el control de los gastos de los partidos. Y cada cuatro años, se constituye formalmente con todos sus cargos (presidente, vicepresidente, secretario, portavoces y vocales). Para que no falte de nada, se le asigna además un letrado de la Cámara. En esta X Legislatura, esta circunstancia se ha vuelto a repetir. Si entran en la web oficial del Parlamento, podrán ver el listado de miembros. Son 11, diez de ellos diputados. Dos por cada una de las cinco formaciones políticas con representación. Hasta aquí todo podría parecer normal, incluso innovador. No existe un único órgano de esta naturaleza entre las asambleas legislativas españolas. El problema surge cuando uno intenta conocer los trabajos de esta comisión. El resultado es espectacular: en 22 años no se ha reunido nunca. Sus integrantes, que han ido cambiado legislatura tras legislatura, han gozado de un insólito privilegio: estar cuatro años en un cargo sin que ni uno solo de ellos le tuviera que dar un pago al agua. Dicho así, podría parecer exagerado. No lo es. Dicen que una vez, en el año 1996, un diputado presentó una iniciativa para tratarla en la Comisión de Seguimiento y Control de los Partidos. Se registró, alguien la guardó en un cajón y jamás fue debatida. Esa es toda la actividad laboral que acumula la comisión en sus largos años de historia: nada. Y allí siguen cada uno en su puesto: un presidente que no preside nada; un vicepresidente que nunca ha ejercido el cargo; un secretario que no ha levantado acta alguna y unos portavoces que nunca han abierto el pico para decir esta boca es mía. Ni que decir tiene que, al igual que ocurre con otras comisiones, cada uno de los miembros percibe un complemento a su salario por razón del cargo. Cerca de 500 euros en el caso del presidente, por poner un ejemplo de este sin sentido.

A lo largo de la historia de esta comisión, no es la primera vez que los medios de comunicación en Andalucía advierten de su insólita inoperancia. Y la pregunta es obvia: ¿Para qué sirve una comisión que no se ha reunido nunca? Nadie tiene la respuesta. Lo llamativo del caso es que en esta legislatura, donde los partidos políticos han clamado, como nunca, por la necesidad de adelgazar la administración y recortar los gastos superfluos, todos y cada uno de los cinco grupos de la Cámara han seguido con la tradición de constituir una comisión que no sirve para nada. Y nadie se ha preocupado por pedir su disolución o plantear una reforma con la intención de que sirva para algo. Entre otras cosas, porque la financiación de los partidos ya está jurídica y fiscalmente sometida al Tribunal y la Cámara de Cuentas.

Hace seis años, el diario El País, en su edición de Andalucía, se hizo eco de la inutilidad de esta comisión y pidió a los portavoces de los partidos en el Parlamento Andaluz una valoración sobre el hecho de que no se hubiera reunido nunca en sus años de existencia. Como era difícil dar una explicación que tuviera sentido, la mayoría optó por el sin sentido de las cosas. Y se dieron justificaciones de lo más variopinto. La más llamativa, sin duda, esa que planteaba que la comisión estaba ahí por si acaso se necesita algún día. Y son ya 22 años, con sus días y sus noches, en los que nunca se ha necesitado para nada. Pero ahí está, con sus diez miembros y su letrado. Durmiente, a la espera de que un día sirva para algo.

Alguien podría pensar que en el maremágnum administrativo de la Junta, una pequeña comisión parlamentaria es el chocolate del loro del ejecutivo autonómico. Posiblemente lo sea, pero aquí lo determinante es otra cosa: la inercia. Esa que nos lleva a mantener cosas que no sirven para nada a sabiendas de que no sirven para nada. Hay pocas tomaduras de pelo más grandes que la de mantener 22 años una comisión para vigilar las cuentas de los partidos -integrada por miembros de esos mismos partidos- cuyos trabajos durante esas dos décadas se pueda resumir de forma más fácil: la comisión de la nada.