La Andalucía vacía

 

La Andalucía vacía es un titular que he pillado prestado. Se lo he cogido a Sergio del Molino, que hace un par de años escribió un ensayo magnífico sobre una de las grandes hemorragias de este país, la despoblación. Su libro se llama La España vacía y en él relata un viaje por un fenómeno que se repite, pero ahora de forma casi inadvertida: los humanos se están convirtiendo en una especie en extinción en demasiados pueblos de la geografía española. Y eso está ocurriendo sin que, aparentemente, le importe a nadie. O al menos, sin que se tomen medidas para paliarlo. 

Atajate es el pueblo más pequeño de la provincia de Málaga. Tiene 167 habitantes, de los que apenas 37 son menores de 30 años. Hay un colegio, al que asisten 11 niños. Las localidades más próximas para poder luego estudiar Secundaria son Cortes de la Frontera y Ronda. Para desplazarse a la Ciudad de Tajo hay un autobús que sale todas las mañanas a las ocho y vuelve a las dos del mediodía. Si lo pierden, no hay ningún otro en todo el día. Tampoco los fines de semana. El alcalde de Júzcar, el segundo pueblo más pequeño de la provincia de Málaga con 226 habitantes empadronados, se llama Francisco Lozano y hace apenas unos días lanzó una advertencia a quien quisiera escucharlo: "Cerrar el colegio es convertir el pueblo en un desierto". En el colegio hay ocho niños, que serán seis el próximo año. Dos de ellos pasan al instituto y con ellos la posibilidad de cierre. 

En las dos últimas décadas, 43 municipios de la provincia de Málaga han perdido población. En algunos casos, entre el 25% y el 35% de sus habitantes. Esta provincia, como otras grandes zonas geográficas de España, se ha partido en dos: un litoral, liderado por la capital, con un incremento incesante y un interior que se va deshabitando de forma silenciosa pero sin pausa. Es común en toda Andalucía, en incluso aún más grave en provincias como las de Almería y Granada. El fenómeno de la despoblación en el mundo rural amenaza la supervivencia y la continuidad de cientos de pueblos. Lo advirtió recientemente el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), a su vez presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, poniéndole cifras. En Andalucía existen 206 pueblos con menos de mil habitantes, lo que supone el 26,5% de los 778 municipios de la comunidad. En términos demográficos, mil habitantes es el umbral por el que se considera que un pueblo está en peligro de desaparición. 

Es un hecho evidente que la mayoría de los pueblos andaluces han experimentado un salto cualitativo en cuanto a mejoras de equipamientos e infraestructuras, pero hay un problema en el que apenas se ha avanzado: el empleo. La oportunidad de disfrutar de un puesto de trabajo es el mayor pegamento que une a un ciudadano con su municipio. Sin expectativas laborales, los jóvenes se marchan del medio rural. Y ese fue, es y seguirá siendo, el principal causante del despoblamiento. A partir del trabajo, una persona decide dónde vive. Y eso hace que se mantengan las escuelas y crezcan los servicios. 

Hasta ahora, las administraciones públicas han hecho lo posible por mejorar los pueblos -en equipamientos educativos, sanitarios y deportivos, también en materia de comunicaciones-, pero se están mostrando incapaces de generar empleo. El PER no deja de ser un parche para el sostenimiento de las economías del medio rural, pero con nula capacidad de generar expectativas de futuro; y los Grupos de Desarrollo Rural, de los que existen más de medio centenar en Andalucía, tienen cierta capacidad para atraer pequeñas inversiones, pero ninguna para lograr que grandes compañías apuesten por el campo. Quizás estas políticas han servido, durante años, para que la Andalucía interior no sufriera, de forma tan rápida, el despoblamiento que han vivido otras comunidades españolas, pero las estadísticas demuestran que el abandono ha sido un goteo silencioso y constante que amenaza ahora con dejar a una parte de Andalucía casi vacía de habitantes. No es, sin duda, el éxodo que se vivió entre las décadas de los 50 y los 70, pero sí un asunto que debería estar, y no lo está, en un primer plano de la agenda política de la comunidad. 

En 2013, la Unión Europea ya alertó a España de que debía tomar medidas ante este fenómeno generalizado. Poco después el Gobierno decidió crear el denominado Comisionado para el Reto Demográfico, a solicitud de los ejecutivos autonómicos en una Conferencia de Presidentes. No se conocen muchas iniciativas o proyectos que se hayan puesto en marcha por parte de este Comisionado, a pesar de que en esa Conferencia hubo unanimidad en considerar que la despoblación en España era un problema de Estado. En aquel 2013, en el que Bruselas llamaba la atención al Gobierno por la situación, los Presupuestos Generales del Estado eran un catálogo de recortes debido a la crisis. En el Ministerio de Agricultura cayó sensiblemente el dinero previsto para algunas partidas. Entre otras las destinadas a los seguros agrarios, desarrollo rural, modernización de explotaciones y ayudas para la instalación de jóvenes agricultores. 

A la espera de que alguien se tome en serio este reto demográfico, en Alpandeire, otra pequeña localidad malagueña de 246 habitantes, el Ayuntamiento dispone un día a la semana de un autobús para que los vecinos puedan desplazarse a Ronda a realizar sus operaciones bancarias. En Málaga, casi una veintena de municipios ya no cuentan con oficina alguna. En Granada, son más de la mitad las que no disponen de entidad de ahorro. Casi idéntico tanto por ciento que el número de municipios que no alcanzan el millar de habitantes. En la Andalucía que se va quedando vacía, los primeros que se largaron fueron los servicios privados, mientras la tiesura que nos trajo la crisis adelgazó las arcas de los pequeños ayuntamientos hasta dejarlos sin recursos. 

 Publicado en Málaga Hoy. Con ilustración de Daniel Rosell.