El limbo de la dependencia
Cerca de
92.000 dependientes reconocidos por la Administración están a la espera
de recibir una prestación en Andalucía. Por primera vez en tres años la
cifra ha bajado, después de que en 2016 el listado se disparará por
encima de las 100.000 personas. El atasco -el tiempo que se tarda entre
el reconocimiento de la dependencia y la prestación- tiene una expresión
propia. Se denomina el limbo de la dependencia. Y hay múltiples casos
de personas mayores que se mueren antes de poder salir de este
particular limbo administrativo. O lo que es lo mismo, que fallecen como
dependientes antes de conseguir que le aprueben la prestación.
El pasado domingo, los periódicos de este grupo
publicaron un extenso informe del periodista Alejandro Martín sobre la
situación de esta prestación básica, que incluía una clara advertencia
del Observatorio de la Dependencia sobre la disparidad entre territorios
en España a la hora de aplicar esta ley. En el dictamen se volvía a
encuadrar a la comunidad autónoma andaluza entre el grupo de regiones
que se encuentra en una "situación crítica".
Andalucía es la comunidad autónoma con más personas en
situación de dependencia y con más prestaciones reconocidas, pero
también es, junto con Cataluña, la que acumula más dependientes a la
espera de recibir una prestación. El gasto medio por dependiente en
Andalucía está en 611,7 euros, por encima de la media en España, aunque
muy lejos del País Vasco o Cantabria que supera los 900 euros.
Con todo, la cifra global que destinan las arcas de
la Junta supera los 1.214 millones de euros, prácticamente la misma
cuantía que presupuesta el Gobierno central para el conjunto de España. Y
es aquí donde está la principal queja de la Junta, que asegura que está
asumiendo el 82% del presupuesto frente al 18% que pone el Estado.
Aunque el Observatorio discrepa de estas cifras que ofrece la Junta
-habla de 78% frente al 22%-, sí admite que el sostenimiento del sistema
reposa fundamentalmente en los hombres de la Administración autonómica.
Este es sin duda el principal problema que ha tenido el desarrollo de
esta ley. La atención a estas personas depende de la Administración
central y de las autonómicas. Al principio, la idea era que iban a
compartir el gasto al 50%. Pero la realidad es que eso no es así y las
comunidades corren con el grueso del gasto.
Esa misma realidad dice que en el denominado limbo de
la dependencia hay cerca de 92.000 personas en Andalucía, que es una
cifra estratosférica porque cada uno de los afectados tiene nombre,
apellidos y enfermedad. Y ese listado incluye situaciones que hacen que
vivir sea un ejercicio diario lleno de dificultades para el afectado y
para su familia. Además, la bajada en la lista de personas que están
desatendidas tiene letra pequeña. Así lo advirtió el pasado mes de
septiembre la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios
Sociales. El recorte se ha conseguido por la vía más fácil: las
administraciones se han concentrado en las personas con un grado menor
de necesidad, que son las que salen más baratas.
España está llegando tarde a un serio problema al que
se enfrentan las sociedades modernas: la soledad de las personas
mayores. La Ley de Dependencia, con sus dificultades presupuestarias
para su puesta en marcha, es una medida, pero hay otras muchas que están
anunciando otros países europeos para luchar contra esta nueva epidemia
social. Este pasado mes de enero el Reino Unido decidió convertir la
soledad de las personas mayores en una cuestión de Estado.
Durante varios meses, una comisión parlamentaria
analizó las consecuencias, tanto sociales como asociadas a enfermedades,
que tiene vivir en soledad y el Gobierno de Theresa May concluyó la
investigación con un anuncio importante: la creación de una secretaría
de Estado específica para luchar contra la soledad, como parte de una
estrategia más amplia para afrontar este desafío de la actual sociedad.
También Holanda anunciaba hace unos días una partida
de 26 millones de euros para un programa que pretende detectar la
soledad de los ancianos. La medida incluye una visita anual a las
personas mayores de 75 años de cada municipio y estará coordinada por el
Ministerio de Sanidad, ya que resulta obvia la relación entre la
soledad y el aumento de las enfermedades. Después de Japón, España es el
país con mayor índice de población envejecida, lo que nos anuncia un
abismo demográfico y un enorme desafío. No se trata, que no es poco, de
tener garantizadas las pensiones futuras, sino las de vivir con dignidad
la jubilación. Y si ya resulta complicado salir del limbo de la
dependencia, mal se nos fía lograr escapar del limbo de vivir el final
de nuestros días más solos que la una.
Publicado en Málaga Hoy. Con ilustración de Daniel Rosell.
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