Los ERES y la reforma de la Administración de nunca jamás
Manuel
Chaves "no sabía cómo se daban las ayudas" y José Antonio Griñán "jamás
fue alertado de las irregularidades". Chaves, que estuvo al frente de la
Junta de Andalucía durante 19 años, "ni conocía el procedimiento, ni la
cuantía, ni los requisitos, ni los beneficiarios, ni cómo se
articulaba… Ni lo conocía ni tenía que conocerlo". Griñán, que antes de
ser presidente de la Junta fue durante cuatro años consejero de Economía
entre 2004 y 2009, tampoco "conoció exactamente el programa de ayudas
sociolaborales hasta que surgió la causa, porque no se puede llegar a
ese nivel de detalle como consejero". Chaves, en "el contexto de la
confianza de un equipo de gobierno", tuvo siempre la convicción de que
"cualquier ayuda" que se daba estaba conforme a ley. Y Griñán sostiene
que como nunca recibió ningún informe solicitando su actuación directa
ante posibles irregularidades no tuviera que actuar en nada: "Porque si
no se promueve la actuación del consejero y no se le remite el informe,
este no puede actuar".
Podría extender las líneas hasta el final del
artículo, con declaraciones idénticas de otros consejeros con
responsabilidades en la época que han dicho exactamente lo mismo en sus
comparecencias. En nadie supo nada están resumidas las
declaraciones de todos los imputados durante el juicio que investiga la
denominada trama política de los ERE, un escándalo de corrupción que se
enquistó durante la friolera de diez años en la Consejería de Empleo de
la Junta de Andalucía alrededor de un fondo de 885 millones de euros
destinados a empresas en crisis. Partidas que, en determinados casos, se
repartieron con una arbitrariedad vergonzante y sin que nadie diera la
voz de alarma sobre el uso fraudulento que se hizo de parte de ese
dinero. Es cierto que todo ese presupuesto no se utilizó de forma
torticera, pero no es menos cierto que se colaron intrusos en empresas
donde no habían trabajado; se repartieron ayudas directas por puro
clientelismo y se pusieron las botas aseguradores que mediaron en
algunos expedientes cobrando comisiones de hasta un 20%, entre otros
tejemanejes.
Chaves y Griñán renunciaron a sus cargos institucionales
hace ya algún tiempo. Y ambos dejaron de militar en el PSOE en cuanto
fueron imputados en la causa. Sus declaraciones ante el juez no han
hecho más que confirmar sus responsabilidades políticas en el caso, esas
que ya asumieron en materia de in vigilando. Será, ahora, el
tribunal el que deba determinar si, además, pudieron incurrir en algún
tipo de responsabilidad penal. De lo que no habrá que esperar a que
llegue la sentencia, es a alcanzar una evidencia. La trama de los ERE
fue posible por la ausencia de mecanismos eficaces de control del dinero
público. La partida 31L fue un coladero y sirvió para que una parte del
presupuesto destinado a trabajadores que se habían quedado sin empleo,
el gran drama de esta comunidad autónoma, tuviera un destino
vergonzante.
Una Administración incapaz de detectar un fraude
durante diez años es una Administración atrofiada, donde no hay una
clara separación entre la autoridad del Gobierno y la independencia con
la que deben actuar los encargados de fiscalizar las cuentas de ese
Gobierno; donde los procedimientos administrativos no son impecables y
donde no existe transparencia sobre el destino del último céntimo de un
presupuesto. En definitiva, es una Administración copada por cargos
políticos en puestos que deberían ser destinados a funcionarios y donde
se premia la lealtad hacia el partido en el Gobierno por encima de la
capacidad profesional y la solvencia de funcionarios cuya función no
debería depender nunca de los vaivenes electorales.
Por eso, si aceptamos, como sostienen todos y cada
uno de los responsables políticos durante aquella época prodigiosa -que
no es poco aceptar- que nadie supo nada durante diez años de lo que
sucedía con el fondo de empresas en crisis y que ningún mecanismo de
control dio la voz de alarma sobre el fraude que se estaba cometiendo…
Si aceptamos también -al menos hasta que se sustancie el juicio y se
diriman responsabilidades penales, si las hay- que todos están diciendo
la verdad y no se creó un procedimiento intencionadamente opaco, tendrán
que asumir todos y cada uno de ellos que la trama fue compatible con
una supuesta perfecta legalidad administrativa y que el fraude, en el
mejor de los casos, se enquistó durante una década sin que ni políticos
ni responsables de la fiscalización fueran capaces de velar por el buen
uso del dinero público. Y eso es un problema tan preocupante como el
propio fraude, que no está en manos de la justicia, sino de la política.
Un problema que exige, de inmediato, la cacareada reforma de la Administración de nunca jamás que los socialistas, en tres décadas de gobiernos ininterrumpidos, siguen sin querer hacer.
Publicado en Málaga Hoy. Con ilustración de Daniel Rosell.
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