La geografía del despilfarro




La Asociación de Geógrafos le ha puesto cifras al despilfarro en España. En un informe realizado en colaboración con hasta nueve universidades españolas, entre ellas dos andaluzas, las de Málaga y Sevilla, calculan que en las dos últimas décadas (1995-2016) las administraciones públicas han comprometido más de 81.000 millones de euros "en infraestructuras innecesarias, abandonadas, infrautilizadas o mal programadas". El listado es demoledor: tramos de ferrocarriles a ninguna parte, museos de la nada, carreteras sin coches, palacios de feria sin terminar, líneas de metro cuyos costes finales se duplican, ciudades del transporte sin transporte, bibliotecas sin libros, aeropuertos sin aviones…

En medio de la vorágine política en España, el informe ha pasado muy desapercibido. Estamos viviendo en este país a un ritmo tan vertiginoso, que apenas queda tiempo para dedicarle unos minutos a las cosas importantes. Y este estudio lo es. Se trata del retrato de una época en la que cualquier ocurrencia era posible, con la única condición de que costara mucho dinero. Se han gastado millones de euros que ahora debemos en infraestructuras ociosas, infrautilizadas, innecesarias y muchas cerradas. Cuando no para proyectos efímeros e inútiles. Y lo peor de todo es que no ha pasado nada. Nadie es responsable de tamaña irresponsabilidad en el mal uso del dinero público.

Hemos sido tolerantes con la incompetencia y el despilfarro de los recursos públicos

El listado de infraestructuras en Andalucía tira de espaldas. Ciudad del Transporte de Jerez (37 millones de euros), infrautilizada; Tranvía de Jaén (120), cerrado; Tranvía de Alcalá de Guadaira-Sevilla (73), sin terminar; Tranvía de Vélez (40), cerrado; Tramo de LAV Antequera-Sevilla (377) abandonado; Centro de Congresos y Auditorio de Córdoba (10), cerrado; Pabellón Cajasur (35), cerrado; Palacio de Ferias de Antequera (10), sin terminar; Metropol Parasol (100), en uso, judicializado por baja rentabilidad; Parque de la Historia y del Mar de San Fernando (10), cerrado; Museo del Arte Íbero de Jaén (26,3), infrautilizado; Polideportivo de Carboneras (12,5), cerrado; Estadio Olímpico de Sevilla (120), infrautilizado; Parque Científico y Tecnológico de Huelva (40), infrautilizado; Parque Tecnológico Jaén, en Mengíbar (13,4), en uso. Además de estas infraestructuras, el informe pone la lupa sobre los sobrecostes en los metros de Málaga (800) y Granada (588), duplicados con respeto a los proyectos iniciales.

En este país hemos mirado muy distraídamente la corrupción, pero, sobre todo, hemos sido especialmente tolerantes con la incompetencia y el despilfarro de los recursos públicos. Como escribió Antonio Muñoz Molina, durante mucho tiempo nadie se paró en la vida política a preguntar lo que se pregunta de manera continua en la vida privada antes de comprar algo: ¿cuánto cuesta? "Y como somos pobres y no hay dinero para todo, tenemos que saber que cada gasto que se decide es otro gasto que se deja de hacer". En este informe de la Asociación de Geólogos Españoles (pueden leerlo íntegro en su página web) se hace una interesante reflexión sobre las distintas dimensiones del despilfarro. Una en forma de corrupción; otra en forma de sobrecostes; otra en forma de obras infrautilizadas o inútiles y finalmente, una cuarta, en forma de priorización inadecuada de las inversiones públicas. Y todas son censurables, aunque en este país únicamente hemos estado preocupados por la primera.

Durante muchos años se tiró en España la casa por la ventana y el tiempo nos colocó en nuestro sitio: nos llenamos de lujos que no podíamos permitirnos, por lo que hubo que sacrificar recursos en cosas esenciales, como la sanidad y la educación, para poder pagar las deudas contraídas durante años de despilfarro. La crisis económica nos pilló pagando estaciones de AVE vacías, aeropuertos sin pasajeros y carreteras a ninguna parte. Muchas de estas infraestructuras, como nos demuestra el estudio, se levantaron con informes de impacto ambiental poco eficaces y de estudios a la carta; muchos de ellos se han revelado después como documentos que equivocaron por completo sus previsiones de tránsito o uso, su rentabilidad social y su eficiencia. Es innegable que un país necesita de infraestructuras para su desarrollo económico. Tan innegable como que las inversiones tienen que ser rentables, al menos socialmente; realizadas con criterios objetivos y tramitadas con absoluta transparencia.

Lo más desalentador del despilfarro es lo de siempre. Que no lo pagan los que lo cometieron, sino los ciudadanos. El reparto de la deuda contraída por estos 81.000 millones de euros que se han gastado mal, a la que hay que sumar el coste de las autopistas de peaje que ahora tendremos que rescatar o el desaguisado del almacén de gas Castor, por citar otros ejemplos, recaerá sobre cada uno de nosotros. La cuenta la pagaremos a tocateja desde las arcas públicas, esas mismas arcas de las que salieron millones de euros que se dilapidaron en la época en la que algunos creyeron que el dinero de todos se lo podían gastar a su antojo. Costeando delirios. Demasiadas veces, delirios de grandeza.



Publicado en Málaga Hoy. Con ilustración de Daniel Rosell. 

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