La
Asociación de Geógrafos le ha puesto cifras al despilfarro en España. En
un informe realizado en colaboración con hasta nueve universidades
españolas, entre ellas dos andaluzas, las de Málaga y Sevilla, calculan
que en las dos últimas décadas (1995-2016) las administraciones públicas
han comprometido más de 81.000 millones de euros "en infraestructuras
innecesarias, abandonadas, infrautilizadas o mal programadas". El
listado es demoledor: tramos de ferrocarriles a ninguna parte, museos de
la nada, carreteras sin coches, palacios de feria sin terminar, líneas
de metro cuyos costes finales se duplican, ciudades del transporte sin
transporte, bibliotecas sin libros, aeropuertos sin aviones…
En
medio de la vorágine política en España, el informe ha pasado muy
desapercibido. Estamos viviendo en este país a un ritmo tan vertiginoso,
que apenas queda tiempo para dedicarle unos minutos a las cosas
importantes. Y este estudio lo es. Se trata del retrato de una época en
la que cualquier ocurrencia era posible, con la única condición de que
costara mucho dinero. Se han gastado millones de euros que ahora debemos
en infraestructuras ociosas, infrautilizadas, innecesarias y muchas
cerradas. Cuando no para proyectos efímeros e inútiles. Y lo peor de
todo es que no ha pasado nada. Nadie es responsable de tamaña
irresponsabilidad en el mal uso del dinero público.
Hemos sido tolerantes con la incompetencia y el despilfarro de los recursos públicos
El listado de infraestructuras en Andalucía tira de
espaldas. Ciudad del Transporte de Jerez (37 millones de euros),
infrautilizada; Tranvía de Jaén (120), cerrado; Tranvía de Alcalá de
Guadaira-Sevilla (73), sin terminar; Tranvía de Vélez (40), cerrado;
Tramo de LAV Antequera-Sevilla (377) abandonado; Centro de Congresos y
Auditorio de Córdoba (10), cerrado; Pabellón Cajasur (35), cerrado;
Palacio de Ferias de Antequera (10), sin terminar; Metropol Parasol
(100), en uso, judicializado por baja rentabilidad; Parque de la
Historia y del Mar de San Fernando (10), cerrado; Museo del Arte Íbero
de Jaén (26,3), infrautilizado; Polideportivo de Carboneras (12,5),
cerrado; Estadio Olímpico de Sevilla (120), infrautilizado; Parque
Científico y Tecnológico de Huelva (40), infrautilizado; Parque
Tecnológico Jaén, en Mengíbar (13,4), en uso. Además de estas
infraestructuras, el informe pone la lupa sobre los sobrecostes en los
metros de Málaga (800) y Granada (588), duplicados con respeto a los
proyectos iniciales.
En este país hemos mirado muy
distraídamente la corrupción, pero, sobre todo, hemos sido especialmente
tolerantes con la incompetencia y el despilfarro de los recursos
públicos. Como escribió Antonio Muñoz Molina, durante mucho tiempo nadie
se paró en la vida política a preguntar lo que se pregunta de manera
continua en la vida privada antes de comprar algo: ¿cuánto cuesta? "Y
como somos pobres y no hay dinero para todo, tenemos que saber que cada
gasto que se decide es otro gasto que se deja de hacer". En este informe
de la Asociación de Geólogos Españoles (pueden leerlo íntegro en su
página web) se hace una interesante reflexión sobre las distintas
dimensiones del despilfarro. Una en forma de corrupción; otra en forma
de sobrecostes; otra en forma de obras infrautilizadas o inútiles y
finalmente, una cuarta, en forma de priorización inadecuada de las
inversiones públicas. Y todas son censurables, aunque en este país
únicamente hemos estado preocupados por la primera.
Durante
muchos años se tiró en España la casa por la ventana y el tiempo nos
colocó en nuestro sitio: nos llenamos de lujos que no podíamos
permitirnos, por lo que hubo que sacrificar recursos en cosas
esenciales, como la sanidad y la educación, para poder pagar las deudas
contraídas durante años de despilfarro. La crisis económica nos pilló
pagando estaciones de AVE vacías, aeropuertos sin pasajeros y carreteras
a ninguna parte. Muchas de estas infraestructuras, como nos demuestra
el estudio, se levantaron con informes de impacto ambiental poco
eficaces y de estudios a la carta; muchos de ellos se han revelado
después como documentos que equivocaron por completo sus previsiones de
tránsito o uso, su rentabilidad social y su eficiencia. Es innegable que
un país necesita de infraestructuras para su desarrollo económico. Tan
innegable como que las inversiones tienen que ser rentables, al menos
socialmente; realizadas con criterios objetivos y tramitadas con
absoluta transparencia.
Lo más desalentador del
despilfarro es lo de siempre. Que no lo pagan los que lo cometieron,
sino los ciudadanos. El reparto de la deuda contraída por estos 81.000
millones de euros que se han gastado mal, a la que hay que sumar el
coste de las autopistas de peaje que ahora tendremos que rescatar o el
desaguisado del almacén de gas Castor, por citar otros ejemplos, recaerá
sobre cada uno de nosotros. La cuenta la pagaremos a tocateja desde las
arcas públicas, esas mismas arcas de las que salieron millones de euros
que se dilapidaron en la época en la que algunos creyeron que el dinero
de todos se lo podían gastar a su antojo. Costeando delirios.
Demasiadas veces, delirios de grandeza.
Publicado en Málaga Hoy. Con ilustración de Daniel Rosell.
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