El milagro de los Ere

Lo escribí al inicio de las sesiones de la comisión de investigación en el diario El País. De sus conclusiones, no acerté en nada.  

Al día siguiente de entrar en prisión el exconsejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, este periódico publicó un editorial sobre el escándalo de los ERE fraudulentos en Andalucía que concluía así: “Solo un milagro podría haber evitado que al reclamo del panal de rica miel de 700 millones de euros no hubiera acudido, teniendo tan a mano su disfrute, las moscas más golosas y avispadas del entorno”. Como es obvio, ese milagro nunca ocurrió. Era demasiada golosa la tentación: un fondo de dinero público que durante diez años se repartió con una discrecionalidad vergonzante y sin que nadie diera la voz de alarma ni alertara sobre del uso fraudulento de millones de euros que salían de los presupuestos con ridículos controles administrativos.

Plantear a estas alturas de la investigación que este caso de los ERE fraudulentos se circunscribe a la actuación de un director general que entre gin-tonic y gin-tonic colocó a 72 intrusos en empresas en las que nunca habían trabajado, es un insulto a la inteligencia, al proceso judicial y a la investigación de la Guardia Civil. Algo tan increíble como hacer creer que nadie medió para que la Sierra Norte de Sevilla acaparara 51 de los 90 millones que la Junta otorgó como ayudas directas a empresas en crisis. Y que los responsables de las empresas más favorecidas fueran amigos del exconsejero Viera y un hermano del expresidente de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla. Por no hablar de Jerez, la localidad natal de Fernández, donde hasta 17 empresas lograron ayudas millonarias.

A los intrusos y a las ayudas directas hay que añadirle también el escándalo de las comisiones cobradas por las aseguradoras que hicieron de intermediarios en los expedientes de regulación de empleo, y que llegaron a ser de hasta un 20%. Lo que viene a confirmar que a ese panal de rica miel acudieron golosos, además de antiguos cargos de la Junta, un buen número de aseguradoras, los propios sindicatos -o al menos algunos de sus miembros- y un puñado de bufetes de abogados, que de todo hay siempre en la viña de la corrupción.

Los ERE van camino ahora de un estadio superior. El de determinar si, además de favorecer la corrupción, el propio sistema era ya corrupto. Si el convenio marco que se firmó en el año 2001 para gestionar estas ayudas públicas pretendía eludir los controles de la intervención de la Junta, lo que elevaría la responsabilidad de lo sucedido a todo al Consejo de Gobierno durante una larguísima década. Hasta esa instancia apunta la juez en el auto de prisión que llevó a la cárcel al exconsejero Fernández. Y lo hace con independencia de que la Junta defienda que la partida estaba incluida en los presupuestos y se debatía en el Parlamento. Es el uso de esos fondos lo que discute, no su existencia.

Iniciar una legislatura con la foto de un exconsejero entrando en prisión no es precisamente un buen comienzo. Como tampoco creo que fuera un plato de gusto para los militantes de IU decidir, justo el día en que ingresaba en la cárcel Fernández, si entraban o no en un Gobierno conjunto con el PSOE. Los ERE van a pesar como una losa sobre el nuevo ejecutivo andaluz. Y aunque digan que se trata de un asunto del pasado, es un pasado al que le espera todavía mucho porvenir. De inicio, tendrán que darle contenido a la prometida comisión de investigación que ha impuesto IU para dar su apoyo a Griñán. Y hacerlo cuando el proceso judicial la hace absolutamente extemporánea, después de que los socialistas la rechazaran en la pasada legislatura en varias ocasiones. A pesar de que ahora tiene menos sentido que antes, en esa comisión está buena parte de la credibilidad del Gobierno conjunto. Y lo está en la medida en que sea capaz de determinar cuántos y quiénes no se enteraron o consintieron que durante 10 años las cosas más increíbles pudieran suceder. Averiguarlo es una obligación, no un segundo milagro imposible.