Apaño de mínimos
Antes del acuerdo de Unió con la fiscalía para eludir penas altas, ya hubo un precedente con los gilistas en Málaga. Lo escribí en su día en El País
Después de muchos años en Marbella donde a la Justicia pareció darle igual ocho que ochenta, la solución a las tropelías cometidas por los ex ediles del Gil parte de otra premisa numérica: da igual tres que setenta. La mayoría de los concejales que, como bien expresó Fernando J. Pérez en este periódico, convirtieron Marbella en un parque temático de la corrupción urbanística tienen ya prácticamente aceptado un acuerdo con la Fiscalía, por el que pasarán un mínimo de tiempo en prisión a cambio de que se le reduzcan al mínimo las penas. Este apaño de mínimos está sustanciado en otro principio de mínimos, el de economía procesal y parte de considerar conexas las más de 70 causas por delitos urbanísticos que arrastran, como término medio y casi mínimo, cada uno de los ex ediles imputados. Como consecuencia de ello, los condenados sólo purgarán el triple de la condena más alta que se les imponga. O lo que es lo mismo y también lo mínimo, de las 70 imputaciones por aprobar licencias de obras irregulares, sólo serán condenados por tres y 67 de ellas les saldrán gratis a los ex ediles, que no a la ciudad porque las viviendas que avalaban esas licencias irregulares si se construyeron y no fueron precisamente una cifra mínima. Fueron 30.000.
Este pacto contempla muchos mínimos y poco máximos, ya que los máximos parecen también mínimos. Solo hay dos máximos. Uno, que los más de 15 ex ediles afectados, entre ellos los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe, pasarán como máximo tres años en la cárcel. El otro, que el fiscal pedirá un máximo 12 meses de prisión por cada causa. Eso sí, se establecen unos requisitos mínimos: ingresarán en prisión aunque no tengan antecedentes; el tiempo pasado en la cárcel por otros condenas firmes no servirá para liquidar futuras penas y el acuerdo no abarca otros delitos supuestamente cometidos por los ex ediles, como malversación de caudales públicos o cohecho. Hasta ahí podríamos llegar, falta decir en el acuerdo. Con ello, los ediles evitarán sentarse 70 veces en el banquillo de los acusados pero irán a prisión y la Justicia se ahorrará la celebración de 70 juicios, lo que reducirá al mínimo el proceso judicial.
La fiscalía ha confirmado que la oposición a los términos del acuerdo es mínima, como mínimo es el número de ediles que podrían desmarcarse. Por ello, todo hace indicar que la solución al descontrol urbanístico durante los tres lustros de gilismo se va a poder sustanciar con el personal de servicios mínimos: los mínimos fiscales, los mínimos jueces, los mínimos juicios y el gasto mínimo. Todo ello reducirá los futuros recursos al mínimo, habrá un mínimo de apelaciones y serán mínimas las nuevas resoluciones. A resultas de ello, habrá un mínimo común denominador para los procesados: de cada setenta sólo se llevarán tres.
El acuerdo jurídico complementa el anterior apaño urbanístico, ya que el plan general diseñado por la Junta de Andalucía para Marbella permite legalizar casi un 90% de las viviendas que se construyeron irregularmente y establece una cifra de pisos a derribar que es mínima. Si 12 años antes de que la Junta dijera donde se podría construir, los ex gilistas ya estaban dando licencias de obras en esas zonas, parece lógico que la visión de futuro sea considerada un atenuante en este último pacto de mínimos.
En definitiva, el acuerdo pergeñado por la Fiscalía de Medio Ambiente cuenta con el visto bueno de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de la Fiscalía General del Estado, avales más que suficientes para descartar una mínima crítica jurídica sobre su legalidad. Otra cosa bien distinta es la apreciación que se pueda tener de este pacto y sobre todo, si con él se consigue, de verdad, mejorar la imagen de la justicia. Habría sido lo mínimo. FIN
Después de muchos años en Marbella donde a la Justicia pareció darle igual ocho que ochenta, la solución a las tropelías cometidas por los ex ediles del Gil parte de otra premisa numérica: da igual tres que setenta. La mayoría de los concejales que, como bien expresó Fernando J. Pérez en este periódico, convirtieron Marbella en un parque temático de la corrupción urbanística tienen ya prácticamente aceptado un acuerdo con la Fiscalía, por el que pasarán un mínimo de tiempo en prisión a cambio de que se le reduzcan al mínimo las penas. Este apaño de mínimos está sustanciado en otro principio de mínimos, el de economía procesal y parte de considerar conexas las más de 70 causas por delitos urbanísticos que arrastran, como término medio y casi mínimo, cada uno de los ex ediles imputados. Como consecuencia de ello, los condenados sólo purgarán el triple de la condena más alta que se les imponga. O lo que es lo mismo y también lo mínimo, de las 70 imputaciones por aprobar licencias de obras irregulares, sólo serán condenados por tres y 67 de ellas les saldrán gratis a los ex ediles, que no a la ciudad porque las viviendas que avalaban esas licencias irregulares si se construyeron y no fueron precisamente una cifra mínima. Fueron 30.000.
Este pacto contempla muchos mínimos y poco máximos, ya que los máximos parecen también mínimos. Solo hay dos máximos. Uno, que los más de 15 ex ediles afectados, entre ellos los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe, pasarán como máximo tres años en la cárcel. El otro, que el fiscal pedirá un máximo 12 meses de prisión por cada causa. Eso sí, se establecen unos requisitos mínimos: ingresarán en prisión aunque no tengan antecedentes; el tiempo pasado en la cárcel por otros condenas firmes no servirá para liquidar futuras penas y el acuerdo no abarca otros delitos supuestamente cometidos por los ex ediles, como malversación de caudales públicos o cohecho. Hasta ahí podríamos llegar, falta decir en el acuerdo. Con ello, los ediles evitarán sentarse 70 veces en el banquillo de los acusados pero irán a prisión y la Justicia se ahorrará la celebración de 70 juicios, lo que reducirá al mínimo el proceso judicial.
La fiscalía ha confirmado que la oposición a los términos del acuerdo es mínima, como mínimo es el número de ediles que podrían desmarcarse. Por ello, todo hace indicar que la solución al descontrol urbanístico durante los tres lustros de gilismo se va a poder sustanciar con el personal de servicios mínimos: los mínimos fiscales, los mínimos jueces, los mínimos juicios y el gasto mínimo. Todo ello reducirá los futuros recursos al mínimo, habrá un mínimo de apelaciones y serán mínimas las nuevas resoluciones. A resultas de ello, habrá un mínimo común denominador para los procesados: de cada setenta sólo se llevarán tres.
El acuerdo jurídico complementa el anterior apaño urbanístico, ya que el plan general diseñado por la Junta de Andalucía para Marbella permite legalizar casi un 90% de las viviendas que se construyeron irregularmente y establece una cifra de pisos a derribar que es mínima. Si 12 años antes de que la Junta dijera donde se podría construir, los ex gilistas ya estaban dando licencias de obras en esas zonas, parece lógico que la visión de futuro sea considerada un atenuante en este último pacto de mínimos.
En definitiva, el acuerdo pergeñado por la Fiscalía de Medio Ambiente cuenta con el visto bueno de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de la Fiscalía General del Estado, avales más que suficientes para descartar una mínima crítica jurídica sobre su legalidad. Otra cosa bien distinta es la apreciación que se pueda tener de este pacto y sobre todo, si con él se consigue, de verdad, mejorar la imagen de la justicia. Habría sido lo mínimo. FIN
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