La liviandad de la corrupción

Es evidente que se trató de un hecho excepcional. Varios días después de hacer pública la sentencia del caso Malaya, el tribunal que juzgó la trama convocó una rueda de prensa para defender el fallo y tildarlo de “justo y adecuado”, ya que se han contemplado las máximas penas legales que fija el Código Penal para cada delito, expresaron sus ponentes. Es obvio que las explicaciones las ofrecieron ante la sensación generalizada de que las penas habían estado muy por debajo de las esperadas, dejando además sin condena alguna a 43 de los 95 procesados. Los propios magistrados, en sus explicaciones, señalaron dónde estaba la clave: “Si se imputan una gran cantidad de delitos y se crean expectativas, puede parecer que la pena es insuficiente”. Y dijeron más: con las pruebas que se presentaron en su día no había opción para elevar más las condenas.
La supuesta liviandad de las condenas en relación con uno de los mayores procesos de corrupción que han tenido lugar en España y las dificultades para probar muchos de los hechos que se investigaron en el sumario, está siendo el denominador común de la mayoría de los grandes macro procesos que contra la corrupción se han enjuiciado en la provincia de Málaga. Todos se han celebrado transcurridos entre cinco y siete años después de las primeras detenciones. Y ha existido una enorme dificultad para poder demostrar, en muchos casos, los presuntos delitos que se cometieron, tanto económicos como relacionados con el blanqueo de dinero.
Ocurrió también en la Operación Ballena Blanca, considerada en su día la mayor trama de blanqueo destapada en España. Una organización que supuestamente camufló 250 millones de euros procedentes del crimen organizado a través de un despacho de abogados de Marbella que dirigía Fernando Del Valle. La sentencia se saldó con penas de escasa relevancia, seis años para el principal imputado frente a los 30 que solicitó la fiscalía, así como con condenas menores para sólo cinco de los 21 procesados. Las escuchas telefónicas fueron anuladas y el monto de lo blanqueado pasó de 250 millones a apenas 12.
La sentencia del caso Troya también acabó con la sensación de que todo se había desinflado. El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, abandonará estos días su despacho en este municipio, después de que el Supremo haya ratificado la condena por cohecho de la que fue acusado hace ahora algo más de un año. Serón, junto con su concejal de Urbanismo, fue condenado por exigir bajo cuerda a un promotor 122.000 euros a cambio de una licencia. La sala no consideró acreditada que existiera una trama y se retiró la acusación contra 18 de los 20 acusados con la que se inició la vista oral. La sentencia sólo verificó uno de los 13 sobornos que investigó la fiscalía y acabó en una multa y un año de suspensión de empleo.
La trama de corrupción en Estepona conocida como el caso Astapa va camino de convertirse en una causa eterna. Y de difícil conclusión. Los imputados superan el centenar después de saltar a la luz en junio de 2008 con la detención del entonces alcalde socialista Antonio Barrientos. Una parte sustancial de la documentación intervenida, cinco años después, aún no ha sido digitalizada y del listado de políticos, empleados, técnicos municipales y constructores implicados, muy pocos han prestado todavía declaración. Ni hay fecha para juicio ni expectativas de haberlas.
El día después de la lectura de la sentencia de caso Malaya, dos de los jueces que participaron en la investigación de este tramo, Santiago Torre y Miguel Ángel Torres, decidieron contestar un breve cuestionario al diario Sur de Málaga con su visión de la sentencia. Santiago Torres hizo una reflexión, que a tenor de lo ocurrido en todos estos sumarios, alcanza mayor importancia: “Hay que repensarse si nuestra Justicia sirve para dar respuestas a problemas como la corrupción. Primero, por la tardanza en actuar. Y segundo, por la liviandad de la pena