Superfluo
Cuando en el año 2010 la Junta de Andalucía anunció la supresión de
111 entes públicos del organigrama de la administración regional, decidí
hacer esta columna con un listado de los que quedaban. Tuve que
desistir: no cabían en el folio y medio que ocupa este artículo, a pesar
de que intenté recortar los nombres y unificar todos aquellos que creí
similares. A aquello se llamó reordenación del sector público e
implicaba además la supresión de 95 consorcios locales. El pasado mes de
mayo, la por entonces consejera Carmen Martínez Aguayo anunció los
resultados: 200 millones de euros de ahorro, la eliminación de 294
puestos directivos y el cierre de 113 entidades públicas.
Hace unos días el Diario de Sevilla publicó un artículo sobre la “grasa” política de la administración andaluza y la intención de IU de eliminar más directivos en las empresas públicas. Para explicarlo, el portavoz parlamentario José Antonio Castro puso como ejemplo la situación que encontraron cuando se hicieron cargo de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA). Había 107 jefes para una plantilla de poco más de 600 empleados. En año y medio, la Consejería que dirige Elena Cortés ha despedido a 42 altos cargos, la mayoría de los cuales han denunciado a los tribunales y reclaman indemnizaciones millonarias que tenían blindadas en sus contratos. Entre los exdirectivos despedidos, un buen número son exalcaldes y exconcejales del PSOE que habían sido acomodados en esta empresa.
Como es obvio, la situación de EPSA no es un hecho aislado en el universo de las empresas públicas de la Administración andaluza. Parece razonable que IU haya planteando en la negociación para los presupuestos de 2014 un análisis sobre la realidad de los directivos en las empresas públicas. Castro lo ha explicado desde el convencimiento de que hay mucho todavía donde rascar: “Habrá que revisar uno a uno los consorcios o las fundaciones porque nos podemos encontrar la sorpresa de que alguna no sirva para nada, que esté duplicada o que haya un número de trabajadores que nadie sepa por qué está ahí, sin concurso o publicidad”. En Andalucía, como en la mayoría de las administraciones públicas, es casi imposible tener respuesta para preguntas bien sencillas: ¿Cuál es el número de empleados que tiene la Junta sumando todas las empresas públicas?, ¿el número global de cargos de confianza? o ¿cuál es el salario real de los directivos?
Si se tiene que recortar el presupuesto andaluz en unos 1.200 millones de euros, sería deseable que antes de quitar a un médico de un centro de salud o a un profesor en un colegio saliera un directivo que se coló en la administración sin más mérito que su afinidad política al partido en el Gobierno. Después de tres décadas de poder, la estructura política de la Junta se ha convertido en una gran agencia de recolocación de alcaldes y concejales que perdieron las elecciones y encontraron refugio en la administración autonómica. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, insiste en su compromiso de garantizar el empleo público en Andalucía, pero admite que habrá que desprenderse de todo “lo superfluo”. Y parece evidente que entre “lo superfluo” se encuentra este derroche de cargos políticos intermedios en todas las áreas de la administración. De hecho, el PSOE ha aceptado trabajar con IU en la posibilidad de adelgazar las empresas públicas.
El mayor argumento para acometer este proceso de reducción de directivos y de entes públicos de dudosa o ninguna eficacia ya lo tiene la Junta. Los datos de esa primera reordenación del sector público. Como hay que pensar que realmente fueron ciertos los resultados anunciados en el Parlamento, la Administración eliminó 294 puestos directivos y cerró 113 entidades públicas y nadie ha notado que pasara nada. La Junta ha podido seguir funcionando sin esos casi 300 directivos y sin el casi centenar de entidades, que tan siquiera sabíamos a qué se dedicaban.
@jmatencia
Hace unos días el Diario de Sevilla publicó un artículo sobre la “grasa” política de la administración andaluza y la intención de IU de eliminar más directivos en las empresas públicas. Para explicarlo, el portavoz parlamentario José Antonio Castro puso como ejemplo la situación que encontraron cuando se hicieron cargo de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA). Había 107 jefes para una plantilla de poco más de 600 empleados. En año y medio, la Consejería que dirige Elena Cortés ha despedido a 42 altos cargos, la mayoría de los cuales han denunciado a los tribunales y reclaman indemnizaciones millonarias que tenían blindadas en sus contratos. Entre los exdirectivos despedidos, un buen número son exalcaldes y exconcejales del PSOE que habían sido acomodados en esta empresa.
Como es obvio, la situación de EPSA no es un hecho aislado en el universo de las empresas públicas de la Administración andaluza. Parece razonable que IU haya planteando en la negociación para los presupuestos de 2014 un análisis sobre la realidad de los directivos en las empresas públicas. Castro lo ha explicado desde el convencimiento de que hay mucho todavía donde rascar: “Habrá que revisar uno a uno los consorcios o las fundaciones porque nos podemos encontrar la sorpresa de que alguna no sirva para nada, que esté duplicada o que haya un número de trabajadores que nadie sepa por qué está ahí, sin concurso o publicidad”. En Andalucía, como en la mayoría de las administraciones públicas, es casi imposible tener respuesta para preguntas bien sencillas: ¿Cuál es el número de empleados que tiene la Junta sumando todas las empresas públicas?, ¿el número global de cargos de confianza? o ¿cuál es el salario real de los directivos?
Si se tiene que recortar el presupuesto andaluz en unos 1.200 millones de euros, sería deseable que antes de quitar a un médico de un centro de salud o a un profesor en un colegio saliera un directivo que se coló en la administración sin más mérito que su afinidad política al partido en el Gobierno. Después de tres décadas de poder, la estructura política de la Junta se ha convertido en una gran agencia de recolocación de alcaldes y concejales que perdieron las elecciones y encontraron refugio en la administración autonómica. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, insiste en su compromiso de garantizar el empleo público en Andalucía, pero admite que habrá que desprenderse de todo “lo superfluo”. Y parece evidente que entre “lo superfluo” se encuentra este derroche de cargos políticos intermedios en todas las áreas de la administración. De hecho, el PSOE ha aceptado trabajar con IU en la posibilidad de adelgazar las empresas públicas.
El mayor argumento para acometer este proceso de reducción de directivos y de entes públicos de dudosa o ninguna eficacia ya lo tiene la Junta. Los datos de esa primera reordenación del sector público. Como hay que pensar que realmente fueron ciertos los resultados anunciados en el Parlamento, la Administración eliminó 294 puestos directivos y cerró 113 entidades públicas y nadie ha notado que pasara nada. La Junta ha podido seguir funcionando sin esos casi 300 directivos y sin el casi centenar de entidades, que tan siquiera sabíamos a qué se dedicaban.
@jmatencia
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