ERE: conclusiones y sinvergüenzas
José Manuel
Atencia
La comisión
de investigación sobre el fraude de los ERE nos ha permitido conocer algunas
cosas curiosas. Por ejemplo, que un presidente de la Junta no tiene por qué
conocer las iniciativas que ponen en marcha los consejeros de su propio
Gobierno. ¿Cómo era el procedimiento para poner en marcha estos expedientes?,
le preguntaron a Manuel Chaves y contestó: “Yo no puedo explicar cómo
funcionaba porque no puedo conocer las iniciativas que se ponen en marcha en
una consejería, no es competencia del presidente”.
¿Será
entonces competencia del vicepresidente conocer lo que hacen los consejeros? Tampoco.
Gaspar Zarrías también se sacudió el asunto en su comparecencia: “Existían
cientos de procedimientos en la Junta, una administración con 33.000 millones
de presupuesto y 12 consejerías”. “Pero si usted era el todopoderoso”, le
recordó a Zarrías el portavoz del PP. Y el ex vicepresidente contestó. “Ni
siquiera el todopoderoso era capaz de conocer todos los procedimientos”.
Igual
errábamos el tiro y la vigilancia era responsabilidad de la Consejería de
Economía y Hacienda, advertida por la Intervención General. Volvemos a pinchar
en hueso. Según la ex consejera Magdalena Álvarez, los informes de la Intervención
que censuraron el fondo se conocieron en 2005, cuando ella había abandonado la
Junta. Deducimos que el informe le llegó entonces a su sucesor en Economía,
José Antonio Griñán, hoy presidente de la Junta. Tampoco. “Nunca, nunca, nunca
los informes de la Intervención General advirtieron de menoscabo de fondos
públicos” y “nunca me llegaron”, dijo en su comparecencia.
¿Supo de
algo alguien estando en el Gobierno? Francisco Vallejo, el ex consejero de
Innovación, Ciencia y Empresa, parece que tuvo ligeras sospechas. Durante su
comparecencia admitió que se percató de las transferencias de financiación un
año y medio después de asumir el cargo, pero decidió desviar la vigilancia del
mal uso del fondo hacia los ex consejeros de Empleo: ¿Por qué se va a convertir
el consejero en el matador del director general de otra consejería?, preguntó
en su descargo.
Además en la
agencia Idea, la empresa de Innovación que pagaba los ERE de Empleo, lo tenían
claro. Eso al menos dijo el ex director general Miguel Ángel Serrano: “Usted se
sube a un tren y toma decisiones desde ese momento. Naturalmente que no miro y
reviso la gestión anterior ¿Cómo voy a cuestionar las actuaciones pasadas? Serrano dijo que él se limitaba a pagar lo
que le mandaba Empleo. Pero, ¿quién le mandaba las cosas desde Empleo? Por
supuesto que también se quitó el marrón de encima el ex delegado de la
Consejería en Sevilla, la provincia donde se produjeron más irregularidades. Antonio
Rivas sostuvo que “no tenía competencias ni en pólizas ni en ayudas sociales ni
en ayudas a empresas”.
El camino de
todas las auto exculpaciones nos lleva a la consejería de Empleo. ¿Y qué han
dicho los ex consejeros? Tanto Fernández
como Viera aseguraron que todos los recursos económicos fueron legales y que no
hubo ERE irregulares. Y que fue un espabilado quien montó todo el entramado
desde una dirección general, que al parecer no dependía de nadie y era una isla
de fraude en medio de la administración.
Entonces,
¿cuál es la principal conclusión de esta comisión de investigación? La respuesta, según lo reconocido por los comparecientes,
es demoledora: un presidente de la Junta no tiene por qué saber lo que hacen
los miembros de su Gobierno; entre los miembros del Gobierno nadie se pisa la
manguera y frente a los mecanismos de control del dinero público “un
sinvergüenza es un sinvergüenza” en palabras de otro de los comparecientes, el ex
consejero Martín Soler. Y a uno le asaltan dudas sobre qué es más grave.
Admitir cada uno su parte de responsabilidad en este escándalo, o reconocer
todos al unísono que un “sinvergüenza” pudo campear durante diez años por la
administración robando dinero a espuertas. Algo que, además de increíble,
resulta políticamente insostenible.
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