La corrupción y los hechos
La mentira política precisa siempre de una importante dosis de
amnesia colectiva. Nada del sinvergonzonerío que nos corroe sería
posible si la gente tuviera un poco más de memoria. Hay que tener en muy
poca estima la inteligencia del personal para hacerles tragar con una
nueva milonga del calibre de los pactos contra la corrupción. Ahora
mismo en España se acumulan tantos anuncios de medidas contra la
corrupción como corruptos tenemos, con un resultado extraordinario en
cuanto a sus objetivos: nunca hemos tenido más sinvergüenzas que ahora.
Como el espacio de esta columna es limitado, me voy a centrar en los primeros años de este siglo. Fue en julio de 2007 cuando el Congreso de los Diputados instó al Gobierno de Zapatero a liderar un pacto de Estado contra la Corrupción urbanística, con un paquete de medidas que incluía un código ético que debían suscribir todas las formaciones políticas. Dos años después, en 2009, en un conclave del PP en Barcelona, la entonces portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, reclamaba a todos los partidos otro pacto de Estado contra la corrupción, con el que sacar del “sistema a los que vienen a vivir de él y no a servir”. Ocho días después, fue Rajoy el que anunciaba en Sevilla, en la 15ª Unión Intermunicipal del PP, el siguiente decálogo de medidas para “recuperar el prestigio de la política”. Y decía: “No tenemos nada que ocultar”.
No debieron tener mucho éxito las medidas, ya que tres años después, en otro Congreso del PP, Rajoy volvía a anunciar el siguiente paquete de acciones para endurecer los controles internos sobre la corrupción política, apelando a la necesidad de mantener “conductas ejemplares y controles rigurosos” del dinero público. Como el PSOE no iba a ser menos, al mes siguiente, la por entonces vicesecretaria general, Elena Valenciano, hacía un anuncio de impacto: los socialistas iban a crear una comisión de expertos independientes para que les aconsejaran sobre cómo luchar contra la corrupción. “Que nos miren desde fuera”, dijo Valenciano.
Se olvidó todo y en 2013 Rajoy aprovechó el debate sobre el Estado de la Nación, en plena efervescencia del caso Bárcenas, para anunciar otra vez medidas contra la corrupción. Cinco meses después, la comisión que se creó al efecto solo se había reunido una vez. Como eran pocas las medidas, la nueva presidenta de la Junta, Susana Díaz, tomó posesión del cargo reclamando a Rajoy que liderara un gran pacto contra la corrupción y anunciaba las suyas propias. A los once días, el Gobierno de Rajoy presentaba por cuarta vez su oferta de pacto para la regeneración democrática.
A final de 2013, el PP frenó en el Congreso otro pacto anticorrupción, ahora de nuevo del PSOE, para poder presentar el suyo. Y así hasta que llegó septiembre este año 2014, cuando Rajoy volvió a sacar del cajón un acuerdo de regeneración para ofrecerlo 19 meses después sin cambiarle una coma. Lo de ahora, ya lo saben: 51 detenidos de una tacada y más anuncios de medidas. Otra vez, la misma de milonga de siempre.
Como el espacio de esta columna es limitado, me voy a centrar en los primeros años de este siglo. Fue en julio de 2007 cuando el Congreso de los Diputados instó al Gobierno de Zapatero a liderar un pacto de Estado contra la Corrupción urbanística, con un paquete de medidas que incluía un código ético que debían suscribir todas las formaciones políticas. Dos años después, en 2009, en un conclave del PP en Barcelona, la entonces portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, reclamaba a todos los partidos otro pacto de Estado contra la corrupción, con el que sacar del “sistema a los que vienen a vivir de él y no a servir”. Ocho días después, fue Rajoy el que anunciaba en Sevilla, en la 15ª Unión Intermunicipal del PP, el siguiente decálogo de medidas para “recuperar el prestigio de la política”. Y decía: “No tenemos nada que ocultar”.
No debieron tener mucho éxito las medidas, ya que tres años después, en otro Congreso del PP, Rajoy volvía a anunciar el siguiente paquete de acciones para endurecer los controles internos sobre la corrupción política, apelando a la necesidad de mantener “conductas ejemplares y controles rigurosos” del dinero público. Como el PSOE no iba a ser menos, al mes siguiente, la por entonces vicesecretaria general, Elena Valenciano, hacía un anuncio de impacto: los socialistas iban a crear una comisión de expertos independientes para que les aconsejaran sobre cómo luchar contra la corrupción. “Que nos miren desde fuera”, dijo Valenciano.
Se olvidó todo y en 2013 Rajoy aprovechó el debate sobre el Estado de la Nación, en plena efervescencia del caso Bárcenas, para anunciar otra vez medidas contra la corrupción. Cinco meses después, la comisión que se creó al efecto solo se había reunido una vez. Como eran pocas las medidas, la nueva presidenta de la Junta, Susana Díaz, tomó posesión del cargo reclamando a Rajoy que liderara un gran pacto contra la corrupción y anunciaba las suyas propias. A los once días, el Gobierno de Rajoy presentaba por cuarta vez su oferta de pacto para la regeneración democrática.
A final de 2013, el PP frenó en el Congreso otro pacto anticorrupción, ahora de nuevo del PSOE, para poder presentar el suyo. Y así hasta que llegó septiembre este año 2014, cuando Rajoy volvió a sacar del cajón un acuerdo de regeneración para ofrecerlo 19 meses después sin cambiarle una coma. Lo de ahora, ya lo saben: 51 detenidos de una tacada y más anuncios de medidas. Otra vez, la misma de milonga de siempre.
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