El gran fraude

El Tribunal de Cuentas ha detectado un fraude masivo en los cursos de formación a trabajadores. Subvenciones a cursos nunca impartidos, clases a alumnos que no existen,  facturas por talleres que no se han hecho  y empresas que aumentan artificialmente sus plantillas para conseguir ayudas. El rosario de anomalías es amplísimo:

-Requisitos falsos. Número de trabajadores inferior al mínimo exigible en planes de empresas, presupuestos académicos inflados para obtener subvención, falsedad en la declaración de no recibir otras subvenciones con el mismo objeto.

-Costes falseados. El informe detalla que se ha imputado costes por encima de la realidad en materia de personal, suministros de bienes y servicios. En ocasiones, la anomalía es tan burda como justificar costes externos mediante una factura que no responde a ninguna operación real. O una misma factura presentada ante distintas administraciones.

-Cursos inexistentes. En ocasiones, no es que haya facturas falsas en un curso, es que nunca hubo tal curso. Y, sin embargo, el receptor de la ayuda adornó con toda suerte de detalles la justificación de los gastos: listados de alumnos, partes de asistencia, programas… O se incluyen alumnos cuyo número de afiliación a la Seguridad Social se corresponde a otra persona.

Me van a perdonar, pero este artículo tiene truco. Todo lo que acaban de leer es cierto, pero pasó hace 18 años. Estas irregularidades las denunció el Tribunal de Cuentas en el año 2002, tras investigar las múltiples anomalías que sindicatos y patronal cometieron entre los años 1996 y 1998 con los fondos públicos de la Fundación para la Formación Continua de Trabajadores, eso que conocíamos como el Forcem.

Llevamos dos décadas sin control alguno sobre los cursos de formación. Ni sobre sus resultados ni sobre su eficacia. Y ni nadie entonces ni nadie ahora hacen nada. El trapicheo ni siquiera era un secreto a voces. Es público y fue advertido hace 18 años. No puede existir algo más sonrojante que despilfarrar el dinero público destinado a ayudar a los parados a encontrar trabajo. Ni nada más vergonzante que hacerse rico con las subvenciones destinadas a ello. En un país con cinco millones de desempleados, la participación de los empresarios y los sindicatos en estos tejemanejes desde hace un cuarto de siglo es de juzgado de guardia. Y la desidia, o lo que es peor el encubrimiento de las administraciones, al dejar sin control el dinero destinado a los parados, un fracaso de la democracia. Resulta frustrante que dos décadas después de saltar las alarmas, el paro haya subido al mismo ritmo que el sinvergonzonerío con los cursos de formación