Las responsabilidades políticas, existen.

A la pre-campaña electoral en Andalucía ya sólo le faltaba el Tribunal Supremo citando ex presidentes y antiguos ex consejeros de anteriores gobiernos. El tiempo dirá si Susana Díaz acertó o no con el adelanto electoral, pero tendrá que reconocer que, de momento, entre los cursos de formación y los ERE, le va a costar trabajo colocar los logros conseguidos en sus 16 meses de mandado y todo lo bueno que nos anuncia de nuevo con ella repitiendo al frente de la Junta de Andalucía.  

Hace ahora algo más de cuatro años, cuando se empezó a conocer la trama que se originó en las entrañas de la consejería de empleo con las indemnizaciones por expedientes de regulación de empleo, un buen número de dirigentes que estuvieron al frente de la administración durante esa larga etapa debieron irse a sus casas. Unos, directamente expulsados. Y otros, los que supuestamente no se enteraron de nada, por la responsabilidad política de que todos esos tejemanejes sucedieran mientras estaban al frente del Gobierno.  

No lo hicieron y todo les ha ido a peor. Ayer el Tribunal Supremo anunció la fecha en la tendrán que acudir a declarar  los ex presidente de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por la investigación de los ERE. Ambos afirman que prestan declaración a petición propia y que ir de imputado no prejuzgada nada, ya que se trata de una figura legal.  Así lo aseguran en el PSOE, que dicen que les pedirán sus actas si ambos dirigentes salen del Tribunal Supremo imputados de algún delito. 

En términos penales, Chaves y Griñán están en su derecho de esperar dos meses a que el Supremo decida sobre si existen o no indicios de delito en la actuación que ambos tuvieron en relación con los ERE.

En términos de responsabilidad política, el PSOE en Andalucía recibe un mazazo en el plena precampaña electoral: la presencia ante el Supremo de dos dirigentes que estuvieron al frente de la Junta durante 23 años, junto a de tres consejeros claves en sucesivos gobiernos socialistas. Y las responsabilidades políticas existen, con independencia de que el Supremo considera que hay delito o no en la actuación de cada uno de ellos.