Manilva y la credibilidad de IU

Hace justo dos años, la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, se comprometió con la dirección andaluza y malagueña de su partido, Izquierda Unida, a entregar una carta de renuncia que se haría efectiva en el momento en que la juez que instruye el caso sobre las supuestas irregularidades en las contrataciones en el ayuntamiento que preside la imputara. En esa fecha, la magistrada investigaba una denuncia en la que se afirmaba que la alcaldesa había colocado en el ayuntamiento a 17 cargos de Izquierda Unida y a 57 familiares de estos.Además, existía un informe del secretario municipal del consistorio, entregado también a la jueza, que certificaba que al menos tres empresas de familiares de la alcaldesa habían facturado cerca de 700.000 euros al consistorio, entre ellas una carpintería propiedad de su marido.

Pese a ello, Antonio Muñoz repitió como candidata de Izquierda Unida en Manilva en 2012 y volvió a lograr la alcaldía tras obtener ocho de los 17 ediles en disputa. Con el nuevo mandato electoral, se repitieron los viejos vicios. De los 9 candidatos de la coalición que se quedaron fuera de la corporación, Muñoz rescato a ocho de ellos y los colocó en el ayuntamiento como jefes de servicio. La nómina de cargos de confianza se completaba con otros peculiares nombramientos: su nuera, de Promoción y Protocolo; su hermana, responsable del área de Extranjeros, así como otro familiar más lejano en Asuntos Sociales.

Hace unos días un programa de televisión decidió rescatar este escándalo mayúsculo que lleva ocurriendo en Manilva desde hace varias legislaturas y en él la regidora no tuvo ningún problema en reconocer la veracidad de estoschanchullos. Admitió Antonia Muñoz que había colocado en el ayuntamiento a una veintena de persona sin ningún tipo de concurso o proceso de selección.

El coordinador de Izquierda Unida, José Antonio Castro, ha tenido que reconocer que las declaraciones de la primera edil son inaceptables, pero dice que ha sido una práctica normal en el municipio que también hicieron otros gobiernos anteriores. Nada extraño, cuando arreció por primera vez la polémica el coordinador regional de Izquierda Unida, Diego Valderas, llegó a considerar un "problema administrativo"y no penal las denuncias sobre enchufismo en este ayuntamiento.

Hace dos años, Izquierda Unida le pidió una carta de renuncia a la alcaldesa para hacerla efectiva el día que fuese imputada. No entiendo a que esperan los dirigentes de la coalición, la alcaldesa está imputada por otros procesos urbanísticos y ahora ha reconocido ella misma que ha colocado a trabajadores a dedo en el ayuntamiento. ¿Tiene que esperar Izquierda Unida a que un juez ratifique lo que ya ha admitido su alcaldesa?