Un gran fraude

José Antonio Griñán llevaba mucho tiempo preparando la cita ante el Supremo. Estaba todo planificado, lo que debía explicar ante el alto tribunal: una encendida defensa de la legalidad del sistema de ayudas, a pesar del fraude. Y lo que debía decir fuera: no hubo nunca un plan del Gobierno andaluz para orquestar un mecanismo para desviar fondos de la administración a personas afines al PSOE. Ante el Supremo, Griñán no cruzó ni una sola raya que no tenía que cruzar: el sistema era legal y se coló un alto cargo que hizo mal uso de todo. Ante los periodistas, el expresidente soltó lo que los socialistas llevaban años sin querer decir: “En los ERE no hubo un gran plan, pero sí un gran fraude”.

La primera parte de la frase estaba en el guión. La sorpresa estaba en la segunda: “Un gran fraude”. Esas tres palabras encierran el camino recorrido entre la teoría de los cuatro golfos —sostenida por el PSOE contra la realidad, el sentido común y los hechos, desde que estalló el caso de los ERE fraudulentos— hasta la obviedad de lo ocurrido: uno de los mayores escándalos con ayudas públicas que se ha cometido en una Administración. Un tremendo agujero en los controles, en los que había y en los que se quitaron para agilizar las subvenciones.

Un gran fraude, en palabras de un expresidente de la Junta, que en la etapa en la que ocurrieron los hechos era el responsable de la Consejería de Economía y Hacienda de la Administración autonómica. Ese enorme escándalo de irregularidades que, hasta ahora, había existido para todo el mundo, también lo es ya para el PSOE en Andalucía. Un pequeño paso de Griñán, pero un gran paso para los socialistas. La base para solucionar un problema, es admitir que se tiene. Pero, ¿Y además, qué? ¿Cuál debe ser el siguiente paso de un político en política cuando asume que durante su mandato se cometieron irregularidades que el propio político lleva a la categoría de “gran fraude” o que califica de “una barbaridad”?

Desde que concluyeron las elecciones en Andalucía, con una victoria de Susana Díaz que le alcanzó para obtener 47 diputados, ocho escaños por debajo de la mayoría absoluta, todas las negociaciones para la sesión de investidura y toda la actualidad andaluza ha estado marcada por la corrupción. En lo judicial, los nuevos informes de la Intervención General sobre las ayudas a curso de formación, con millones de euros aún por justificar; la patética comparecencia de José Antonio Viera en el Tribunal Supremo y ahora la frase de Griñán. En lo político, la decisión del PP, Podemos y Ciudadanos de pedir la dimisión de los ex presidentes de la Junta como paso previo a cualquier negociación.

La frase de Griñán ha puesto a su sucesora en el cargo, Susana Díaz, ante la realidad de lo obvio. Y lo obvio es que, con independencia, de las responsabilidades políticas, que las hay, y de las penales, que también existen —aunque esté por determinar hasta dónde llegarán—, la tarea para que Andalucía tenga un nuevo Gobierno está en su tejado del PSOE. Y son los socialistas los que deben ofrecer explicaciones sobre lo ocurrido en los ERE y los cursos de formación. Y sobre todo, deben dar garantías de que no volverán a sucederse irregularidades calificadas como “un gran fraude” por un ex presidente del mismo partido que aspira a seguir gobernando.

Los demás representantes en el Parlamento andaluz están en su derecho de plantearle exigencias a Díaz para darle su apoyo. Al menos dos de ellos lograron sus escaños en la cámara con un mensaje inequívoco: la lucha contra la corrupción. Y, supongo, que están en la obligación de justificar ante sus electores la decisión final que adopten.